PÁGINA SOLIDARIA
En Solidaridad Publicamos Textualmente:
ACCIÓN URGENTE
Secuestran, golpean y amenazan de muerte a defensor de derechos humanos laborales José Enrique Morales Montaño en la Ciudad de Puebla, Puebla El secuestro se enmarca en un clima de hostigamiento sistemático y graves amenazas en contra del Centro de Apoyo al Trabajador haciendo evidente el riesgo inminente para las demás integrantes del CAT El 16 de mayo de 2012 Hechos El 15 de mayo de 2012 aproximadamente a las 13:00 horas, cuatro personas encapuchadas y a bordo de una camioneta secuestraron al defensor de derechos humanos laborales José Enrique Morales Montaño, miembro del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT).
El Sr. Morales Montaño se dirigía a una audiencia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de Puebla a propósito del trabajo que el CAT está llevando a cabo en defensa de un grupo de trabajadores de la industria textil.
Durante las diecisiete horas que duró el secuestro sus captores lo torturaron gravemente, pusieron una pistola en su sien en repetidas ocasiones, y amenazaron de muerte a él y a las demás integrantes del CAT. Aproximadamente a las 5:00 horas del día de hoy, los secuestradores, luego de robar su celular y mochila, abandonaron al Sr. Morales Montaño en la carretera Puebla-Veracruz. El Sr. Morales regresó a su casa con graves lesiones.
Asimismo, a las 7:30 hrs. del día de hoy, Blanca Velázquez, directora del CAT, recibió un mensaje enviado desde el celular robado del Sr. Morales Montaño que decía literalmente: “Te vas a morir, perra”. Antecedentes
Lamentablemente, esta no es la primera ocasión en que el CAT es sujeto a ataques en contra de sus integrantes, oficinas así como de amenazas. Es preciso enmarcar este secuestro en un clima de hostigamiento sistemático al que están siendo sometidos desde el año 2008 principalmente por parte de empresas multinacionales.
El CAT es una organización no gubernamental cuya misión es promover el ejercicio, la vigencia y la defensa de los derechos humanos laborales. Su labor como defensoras ha permitido visibilizar las condiciones de precariedad en la que los y las trabajadoras realizan diariamente su trabajo.
En 2010, desconocidos robaron las oficinas del CAT y dejaron escrita una amenaza en una de las paredes. Desde entonces, integrantes del CAT han sido asaltados físicamente y han recibido mensajes de amenazas de forma electrónica.
En respuesta a dichas amenazas, el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla que otorgara medidas cautelares inmediatamente para proteger a los integrantes del CAT en su trabajo. Dichas medidas fueron otorgadas por ambas Comisiones y remitidas para su ejecución a la Comisión Estatal (Exp. QVG/DGAP/27/2011).
Sin embargo, después de sólo 12 meses, y sin ningún avance en las averiguaciones previas del caso, dicha Comisión suspendió las medidas de manera unilateral y sin hacer el análisis de riesgo correspondiente que justifique dicha suspensión. Además, el 21 de marzo de 2012, la Comisión negó de forma rotunda revelar el análisis de riesgo y las medidas cautelares.De esta forma, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla dejó en estado de vulnerabilidad a los defensores/as del CAT. Es importante señalar que el CAT ha sido objeto de una campaña de desprestigio por parte de actores gubernamentales y empresariales.
El 27 de julio de 2011 el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Luis Espinosa Rueda, calificó como “un peligro para Puebla” al Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) y a su líder Blanca Velázquez, afirmando que “esta agrupación solamente busca desestabilizar a las empresas, sobre todo aquellas de procedencia estadounidense”. Además, conviene señalar que el pasado 12 de abril, el líder estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de los Diputados, el Dip. Leobardo Soto Martínez, señaló públicamente que “en la medida que competa a la central obrera, no se permitirá que el Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) se entrometa en la vida sindical y empresarial del estado con las consecuencias que ello genere”. De igual manera Soto Martínez amenazó con “defender a las empresas donde tenemos contratos colectivos de trabajo cueste lo que cueste y si hay violencia ni modo. No vamos a perder el contrato en empresas de Puebla ni del resto del país”.
El secuestro y la golpiza propinada al Sr. Morales Montaño y el hostigamiento y las amenazas a las demás integrantes del CAT ilustra el riesgo al que están sometidos los y las defensores/as de derechos humanos laborales. Peticiones Tanto a los familiares de Morales Montaño como a las integrantes del CAT y a la sociedad civil en general nos preocupa e indigna que los y las defensores/as de derechos humanos laborales estén sometidos a un clima de hostigamiento y a menudo vean vulnerada su integridad física por el ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma solicitando: Que se garantice la vida, integridad física y seguridad tanto de José Enrique Morales Montaño como las demás integrantes del CAT. Que las autoridades competentes realicen de manera efectiva y apegada a los más altos estándares internacionales, su obligación de investigar y sancionar este ataque y amenazas continúas, a fin de identificar a los responsables del secuestro, golpes, robo y amenazas en contra de Enrique Morales Montaño y las demás integrantes del CAT y proceder a su procesamiento y sanción de acuerdo a la ley.
Que se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, en particular a lo referente a la protección del derecho de toda “persona individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacionales e internacionales” (Art. 1) y a garantizar la protección de toda persona individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legitimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2)
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