Con la aprobación de las reformas estructurales para privatizar y monopolizar la educación, los bienes energéticos, las tierras y el agua en México, aumentó el número de asesinatos, encarcelamientos en prisiones de máxima seguridad y amenazas en contra los defensores y defensoras de derechos humanos en todo el país, pero principalmente en los estados de Guerrero y Oaxaca, en primer lugar, Michoacán, Chihuahua, Puebla, Chiapas, Estado de México, Sonora y Veracruz.

Al presentar el informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013 que encabezó Agniezka Raczynska, presidenta de la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, destacó que en ese período hay 104 casos de agresiones y 9 homicidios por año del período que se analizó.

( Los actos de violencia contra defensores de Derechos Humanos en México (VDH) entre junio de 2014 y mayo del 2015, sumaron 860 un aumento considerable respecto a un año señaló el informe "Defender los derechos humanos en México: La represión política, una práctica generalizada", elaborado por el Comité Cerezo de Derechos Humanos. n.d.e)

Las empresas privadas (nacionales y trasnacionales) están identificadas como responsables de diez agresiones. Puso como ejemplo el del poblado La Unión Hidalgo, Oaxaca, en donde la población de indígenas zapotecas, ha sufrido amenazas, intimidaciones y agresiones físicas, por sus exigencias a la empresa eólica DEMEX. Otro ejemplo, es el ejido La Sierrita, en donde la empresa canadiense Excellon Resources, con la Minera "La Platosa", intenta despojarlos de sus tierras, para lo cual intenta difamar a los defensores de derechos humanos laborales que asesoran a los ejidatarios.  (Leer Noticia Relacionada: EJIDATARIOS YA LIDIAN CON CONTRATOS DE SERVIDUMBRE link: http://www.frecuencialaboral.com/minerasyausancontratosdeservidumbre2014.html)

Pero en el 2013 se recrudeció el número de aprehensiones y los procesos casi sumarios contra los defensores de derechos humanos, sostuvo Vidulfo Rosales Sierra, representante del Centro de derechos Humanos de la Montaña "Tlalchinolan", en Guerrero, quien detalló la situación en esa entidad del sur mexicano. Y sostuvo que los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos quedan impunes, no se investigan. En contrapartida, el sistema de justicia sí se activa y sí es funcional cuando se trata de detener a líderes sociales.

Agniezka Raczynska dijo que en el 2012 se agudizó la represión en contra de quienes se oponen a los megaproyectos transnacionales y la represión se convirtió en una constante para la implementación de una política económica depredadora que impulsa el gobierno federal y los gobiernos locales.

Aclaró que se reportaron 104 casos de agresiones, pero implicaron a 208 personas o colectivos, de los cuales 171 son personas -115 hombres y 56 mujeres- y 37 son colectivos. En la mayoría de los casos fueron agredidos por defender los derechos de los pueblo originarios o indígenas.

"La defensa de la tierra y territorio, conflictos agrarios, recursos naturales (el derecho al agua, es mencionado reiterativamente), medio ambiente, privatización, los proyectos económicos y abusos cometidos por empresas, ya sea locales, nacionales, paraestatales y transnacionales, se ubican como temáticas en donde se inscribe el trabajo de las personas defensoras que son agredidas...Otros temas son los que tienen que ver con violaciones a los derechos de las mujeres y la identidad de género...la inseguridad relacionada con la delincuencia organizada y la militarizada como estrategia del gobierno contra el narcotráfico y la delincuencia organizada", señaló.

En tanto que Víctor Hugo López , del centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas , advirtió que con las reformas estructurales la violencia contra los defensores de derechos humanos tiende a recrudecerse.

Vidulfo Rosales Sierra, representante del Centro de derechos Humanos de la Montaña "Tlalchinolan" comentó que:

"En el estado de Guerrero, con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, demostró la característica de este gobierno va a ser la utilización del sistema penal, para llevar ahí a quienes disienten y son opositores al régimen. Creo que un buen laboratorio empezó a ser Michoacán con los detenidos de los grupos de autodefensa en Aquila. Y siguió Guerrero, con 40 detenidos de los compañeros de la Coordinadora Regionales de Policías Comunitarias, que a diferencia de los demás estados, tiene 10 años de que está funcionando este sistema indígena, se enmarca dentro de la constitución. Sin embargo, 13 de los cuales están en prisión todavía y tres están en prisiones de alta seguridad".

Resaltó el encarcelamiento de Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien encabeza la resistencia civil contra la construcción de la hidroeléctrica "La Parota". Fue aprehendido el 17 de junio del 2014 y de inmediato lo enviaron a una prisión de máxima seguridad del norteño estado de Nayarit, por presunto robo y daño en propiedad ajena. Eso como antesala del reimpulsó del proyecto de construcción de la hidroeléctrica "La Parota", el cual provocará devastación ambiental en la zona rural del puerto de Acapulco y 36 comunidades más de Guerrero, razón por lo que la comunidad se ha opuesto a la idea de esa mega obra desde hace 10 años. (El 21 de julio del 2015 fue liberado por falta de pruebas. n.d.e)