Continúan las Prácticas Ilícitas en el Manejo del Presupuesto

LA CORRUPCIÓN SIGUE IMPARABLE

*Todavía Nadie ha Pisado la Cárcel por Desvío de Fondos Públicos o Malos Manejos

Por María de Lourdes Martínez González

Periodistas y Conductora de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Ningún funcionario público enfrenta juicio penal o se encuentra en la cárcel, pese a que siguen detectándose casos de corrupción en la administración pública federal y en los gobiernos estatales. Aunque ahora ya hay 21 denuncias penales en proceso de investigación, informó el Auditor Superior de la Federación Manuel Portal, en entrevista tras entregar el resultado de la auditoría del 2014 en la Cámara de Diputados, el jueves 17 de febrero del 2016.

Ese año se detectó un faltante de más de 63 mil millones de pesos en el gasto presupuestal. "Se trata de problemas arraigados arraigados en los gobiernos locales y sus funcionarios, sin embargo se lograron recuperar hasta al 5 de febrero de 2016, 6 mil 116.1 millones de pesos, casi 10 por ciento de los de 63 mil 607.2 millones de pesos perdidos. Esta cifra podría elevarse durante el proceso de solventación de las acciones ya que aún quedan por aclarar 42,702 mdp, que constituyen el rubro denominado Recuperaciones Probables", dijo.

Entre las principales alteraciones que cometen los funcionarios que administran el dinero público se encuentra además la falta de documentación comprobatoria del gasto; se detectan recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa; retenciones no enteradas a terceros institucionales; recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; y pagos improcedentes o en exceso, señaló el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Detalló que se interpusieron mil,871 promociones ante contralorías internas de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 641 pliegos de observaciones con presunción de daño patrimonial, correspondiente a la Cuenta Pública 2014, principalmente porque el presupuesto asignado a obras y servicios públicos no se ejerce, es decir no se aplica, pero tampoco se regresa a las arcas de la Federación y porque se contratan obras y servicios con sobreprecio.

Entre los principales problemas observados se encuentran:

a)No existe un padrón único de beneficiarios de programas sociales y no se sabe quiénes son ni si les sirve o no el apoyo

b) Adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplenla norma pero los contratos que se celebran no implican un beneficio neto para el Estado.

c) Asignaciones directas por parte de universidades públicas, institutos de educación y otras instancias, que exceden el límite permitido de subcontratación, lo que genera sobreprecios e, inclusive, los servicios subcontratados no fueron prestados, lo cual se ha convertido en una clara fuente de corrupción.

D) en materia de obra pública, la ASF observó —independientemente del ámbito de gobierno o de la dependencia responsable— la 4 existencia de problemas recurrentes en torno a los siguientes procesos: (1) inoportuna o deficiente planeación, contratación y ejecución de los trabajos; (2) incumplimiento de los términos contractuales; (3) modificaciones al proyecto original ejecutivo; (4) incrementos importantes en el monto de inversión; (5) prórrogas en los plazos de contratación, ejecución y puesta en operación —con la consecuente repercusión social y económica de no contar con las obras y servicios en el plazo y monto contratados—, y (6) serias deficiencias en el control y supervisión de los proyectos.

e) Participación de intermediarios en la dispersión del gasto público

f) Subejercicios y no lo regresan: el área más significativa en la que se presenta esta problemática es el Gasto Federalizado, a diferencia de otros contextos. En este ámbito, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, los recursos no aplicados al 31 de diciembre de ese año, ascendieron a 63,607.2 mdp, lo cual implica el incumplimiento de metas y objetivos de los programas, así como la posibilidad de un ulterior uso indebido de los recursos.

g) Servicios suministrados por particulares: discrecionalidad en la toma de decisiones, mala calidad de los bienes y servicios ofertados, su oportunidad y transparencia.

h) debilidades en los sistemas de control interno lo cual impide prevenir la corrupción.

Por ello se incorporan, en el Informe General, 50 propuestas de cambios normativos y el planteamiento para crear dos nuevas leyes generales.