En el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial

POR LA IMPUNIDAD SE DISPARA LA CORRUPCIÓN

Por María de Lourdes Martínez González

Periodista de Frecuencia Laboral

La Auditoría Superior de la Federación recibió la encomienda de diputados federales, el pasado miércoles jueves 7 de abril del 2011, de analizar la aplicación de juicio político contra los altos funcionarios públicos que incurren en corrupción, ya que actualmente no se les puede castigar por la vía de la denuncia porque las autoridades encargadas de la investigación y ejercicio de la justicia en México, frena las denuncias de hechos.

Al respecto, en entrevista con Frecuencia Laboral, el senador Ricardo García Cervantes, presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, (GOPAC) Capítulo México, coincidió con los diputados federales en que en México ha crecido la corrupción, porque impera la impunidad. (Leer Noticia Relacionada: "La Corrupción Gubernamental Pulula").

Pero advirtió que la corrupción no es exclusiva del gobierno federal, sino que impera también en el poder legislativo, en el poder judicial y, sobre todo, a nivel estatal y municipal.

"La principal expresión de la impunidad son los niveles crecientes de corrupción. No son exclusivos ni propios del ejecutivo federal...no,no, es que tampoco se puede dar un seguimiento cabal a los niveles de corrupción que hay en las cámaras del congreso federal ni al poder judicial de la federación, por supuesto, pero en los estados y municipios es rampante la corrupción".

Dijo que los mecanismos que se tienen para la transparencia y rendición de cuentas no van acompañados de un órgano autónomo independiente de los poderes que sea capaz técnica y científicamente de combatir la corrupción sin los elementos de complicidad o de subordinación que hay actualmente.

"Un congreso local con una mayoría que, a su vez, tiene el ejercicio del poder ejecutivo primero piensa en evitar un escándalo o en entrar en complicidad, para una rentabilidad electoral, que en denunciar o combatir la corrupción. Son esos fenómenos de complicidad que generan la sensación de impunidad".

En su exposición de motivos destaca que la corrupción es un fenómeno social que socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia; y el desarrollo integral de los pueblos. "La democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo del país, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio".

"Mientras la gente no vea que se recupera el dinero que empresarios o funcionarios públicos, pues siente que hay una gran impunidad y se hace una especie de costumbre, por no decir un aspecto cuasi cultural...y llegamos hasta el colmo que llega considerarse hasta meritorio".

Detalló que su propuesta plantea que la Fiscalía Nacional Anticorrupción tendría las mismas facultades que la Procuraduría General de la República, pero sería autónoma y absoluta independencia de los poderes, para evitar gravitar sobre los intereses partidistas y los cálculos de la rentabilidad electoral y las complicidades de quien ostenta el poder, sino que su función sería en defensa del concepto de la economía nacional.

"Porque todo lo que se extrae de un municipio que tiene carencias o de un estado cuyo presupuesto no alcanza para satisfacer las funciones o necesidades de la sociedad. O lo que se roban del erario público, todo proviene del recurso que aporta el ciudadano. Y trae otras consecuencias como la incompetitividad, la falta de infraestructura que afecta la generación de empleos".

Conforme estimaciones del Banco Mundial la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 punto porcentuales por año; lo que agrava la pobreza y la desigualdad. Por ello, se propone en la presente iniciativa elevar a nivel constitucional la persecución de los delitos de corrupción, al considerarse éstos como delitos contra la economía nacional; y por tanto aplicables a todos los integrantes de los poderes de la Unión, de los poderes públicos de los Estados, de los municipios y de los órganos constitucionales autónomos, que cometan estos delitos, destaca en su propuesta.

Año 5. No. 282. del 09 al 16 abril 2011