Desde 1996 hasta 2018 se aplicó está políca con los gobiernos neoliberales y no funcionó

*Hay abuso de poder grave en los Estados y Municipios con el pretexto del COVID-19.

*Retomaron una política que genara más actos de torturas, desapariciones y asesinatos.

*Necesario formar una policía civil que resgurarde a la ciudadanía.

*La ciudadanía debe exigir derechos humanos o la tendencia militarizadora irá en aumento.

Por María de Lourdes Martínez González

Periodistas y Conductora de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

El despliegue de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública ha demostrado que genera más violaciones graves a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos, tal como ocurrió durante los gobiernos neoliberales desde 1996 que idearon esa política disfuncional en México, advirtió Edgar Cortés, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia ( IMDHD ). El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, decretó continuar con esa política.

En el Diario Oficial de la Federación, del lunes 11 de mayo de 2020, se ordenó a las Fuerzas Armadas permanentes a realizar funciones de seguridad pública, en conjunto con la Guardia Nacional durante los próximos cinco años, desde el día siguiente y hasta el 27 de marzo de 2021, lo cual ocurrió en un contexto de violaciones graves de abuso de poder por autoridades estatales, con el pretexto del Coronavirus (COVID-19).

Edgar Cortes, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), dijo en el entrevistacon Frecuencia Laboral del 16 de mayo de 2020 que el despliegue de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, más que enmarcarse en el ambiente de autoritarismo aprovechando la pandemia del Coronavirus, es una línea de continuidad de la política implementadda por los gobiernos neoliberales, desde 1996, que olvida que los militares están entrenados para matar al "enemigo" y no para resguardar a la ciudadanía.

Es vital levantar la voz por los derechos humanos y la policía civil

No se puede decir que México es un país militarizado todavía, sino que "hay un largo proceso de militarización de la seguridad pública, pero si no ponemos correctivos pronto creo que ese puede ser nuestro futuro", señaló el investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), por locual conmino a los ciudadanos a levantamos la voz en la defensa de los derechos humanos, porque hay un sector de la población que está pidiendo militarización en su creencia equivocada de que tendrá más seguridad pública.

"Hoy tenemos muchas disyuntivas, pero a los ciudadanos nos toca insistir en que queremos policías civiles, preparados, formados, lo cual no está pasando...El riesgo también es que que hay un sector importante de la sociedad que reclama seguridad al costo que sea... incluso a costa de restricción de derechos, pero la historia muestra que no es así y más bien sucede lo contrario"... pero los ciudadanos que creemos en los derechos humanos, en las instituciones civiles, en el control de los civiles por los militares debemos levantar la voz.

"Si los ciudadanos y, particularmente, quienes creemos en los derechos humanos, no levantamos la voz, si no nos hacemos presentes, por supuesto que quienes pueden ganar son las voces de la derecha y hay muchísimas expresiones en México, América Latina y en el Mundo que van en esa dirección". Hay que levantar la voz por los derechos humanosm, dijo.

Explicó que es una realidad que se disparó la delincuencia con el desempleo que se incrementó, por las medidas sanitarias de cerrar establecimientos empresariales y comerciales, pero el derecho penal, el aumento en los castigos y la militarización de las policías, jamás ha servido para resolver los problemas económicos y sociales, eso requiere soluciones que impulsen la inversión y desarrollo productivo y en la formación de policías civiles capacitados.

Agregó que es verdad que muchos países y gobiernos municipales y estatales de México aprovecharon el Coronavirus para imponer medidas autoritarias, al punto en que la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet Jeria, alertó sobre ese problema, pero la pandemia es una realidad global y consideró que no es una parafernalia inventada para llegar a eso.

Incremento del ambiente político de abuso de poder con el pretexto del Coronavirus

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, llamó a las autoridades estatales y municipales a recordar que "la emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías", en su boletín No. 128/2020 del 28 de abril de 2020, no obstante, al día siguiente el Congreso del Estado de Querétaro aprobó una reforma al Código Penal para castigar con 6 años de cárcel a "quien no respete el aislamiento obligatorio" con motivo del Coronavirus, a pesar de que esa medida del gobierno federal tiene carácter voluntario.

En suma, sólo durante el mes de abril en 340 municipios de 15 estados, con el pretexto del Coronavirus, las autoridades municipales restringieron con retenes el derecho al libre tránsito, cerrando fronteras estatales o municipales y carreteras, de forma continua o intermitente. En lo cual también incurrieron pobladores. “Esto equivale al 20% de los municipios del país en cerca de la mitad de los estados”, destacó el informe " Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19" que elaboró y publicó la mencionada institución el 29 de abril de 2020.

Se reportaron dos casos en que fueron baleados quienes intentaron traspasar los retenes, en Michoacán (dos estudiantesnormalista) y en Chiapas (habitantes de un pueblo que requería surtir sus víveres y fueron señalados, sin pruebas, como infectado por COVID-19).

También se impuso “el mal llamado Toque de queda en al menos 31 municipios de 11 estados al 22 de abril de 2020: Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León”...y en entidades como Jalisco y Michoacán se impuso confinamiento obligatorio abusando de la medida voluntaria de sana distancia y de resguardo domiciliario voluntario, denominado “#quédateencasa”, que acordó el Consejo de Seguridad del gobierno federal el 30 de marzo de 2020, destacó el informe.

Además de que algunas autoridades municipales y estatales obligaron a cerrar negocios considerados como esenciales y que deberían mantenerse abiertos, como mercados públicos y tianguis. Impusieron castigos corporales como penas de cárcel, multas y sanciones administrativas contra quienes no se quedaron en casa y hubo un caso, en Teloloapan, Estado de Guerrero, en donde jóvenes que salieron a la calle fueron golpeados como escarmiento, señala el documento.

Recordó que el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del 30 de marzo de 2020 estableció la suspensión obligatoria de todas las actividades no esenciales, lo que obligó a cerrar establecimientos de los sectores público, privado y social señalados como no esenciales, pero en Ciudad Juárez, Chihuahua, 340 trabajadores de maquiladoras tuvieron que realizar manifestaciones públicas para que las plantas pararan luego de que se reportó la muerte de 13 obreras y el contagio de 60. Además de que algunos medios de comunicación y empresas aprovecharon para despedir a su personal y mandar a otros a casa sin salario.

Destacó que CONAPRED recibió 159 quejas relacionadas con COVID-19, principalmente de personal médico, trabajadores de limpieza y personas diagnosticadas con SARS-CoV2 o COVID-19 , lo cual puede llevar a atentar contra su integridad y su vida, por parte de las individuos que temen al contagio. También por negativas a dar el servicio.

El retorno de las fuerzas armadas a sus cuarteles: promesa incumplida

La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, hecha durante su campaña electoral, de retornar a las fuerzas armadas a los cuarteles, ante la proliferación de denuncias por el cometimiento de reiteradas violaciones graves a los derechos humanos, desde 1998, pero especialmente de 2006 hasta 2018, la rompió cuando abogó por la iniciativa de su partido MORENA para que se aprobara la reforma constitucional a fin de que la Guardia Nacional militarizada, pero aceptó que su máximo mando fuera civil.

El 27 de marzo de 2019 entró en vigor la Guardia Nacional militarizada. El decreto que se publicó un día antes en el Diario Oficial de la Federación, artículo segundo ordena su integración con elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. El quinto transitorio establece que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de ese decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria.

En el artículo sexto transitorio señala que durante esos 5 años el ingreso, capacitación, reglamentos, estructura jerárquica y todo lo relacionado con la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, estarán a cargo de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina.

El 7 de junio de 2019, durante su primer año de gobierno, López Obrador aceptó que el gabinete que encabezó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, firmara la Declaración Conjunta México - Estados Unidos en Washington D.C, el 7 de junio de 2019, para evitar la aplicación de un impuesto de 5 por ciento a los productos que se exportan desde México a Estados Unidos, como amenazó su presidente Donald Trump.

Ahí se comprometió a "el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur”, para reducir la migración ilegal. Aceptó la imposición, la aplicó y no eliminó la amenaza de Trump de aplicar más impuestos a los productos que exporta México hacia Estados Unidos (Leer Noticia Relacionada: NO SE ELIMINÓ LA AMENAZA DE TRUMP DE IMPONER ARANCELES A MÉXICO. Link: http://www.frecuencialaboral.com/ARANCELESsigueamenazadeTRUMP2019.html)

Edgar Cortés, señaló que López Obrador "rompió con su palabra desde que era presidente electo. Nos planteó un cambio total de discurso y, posteriormente presentó una iniciativa para crear la Guardia Nacional, pero la manera en que se implementó, en los hechos es una institución eminentemente militar, en donde la mayoría de sus miembros son militares, la formación la dan los militares, quien construye las instalaciones son los militares, quien compra los vehículos, quien tiene el presupuesto son los militares. Entonces es una institución formalmente civil y escencialmente militar.

Uno puede entender que haya necesidad de recurrir a las fuerzas armadas y cuando se discutió la iniciativa de la Guardia Nacional, parte del discurso fue que no se podía prescindir de un día para otro de los militares. La realidad es que no había posibilidades y se dieron 5 años para lograr que se construyeran policías civiles, pero a más de un año de eso lo único que hay es una guardia nacional que sigue siendo militar y ninguna propuesta para la formación de policías civiles.

Hay muchas posturas sobre el uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pero si la evidencia es que desde 1996 se ha dado el mismo argumento, significa que llevamos 24 años con esa oferta de que se acabará la delincuencia con las fuerzas armadas y no se ha logrado, es una oferta hueca.

Siendo realistas, esa oferta no puede lograrse mañana. Por eso yo digo hay que empezar ya a formar policías civiles municipales, estatales. federales, pero si no iniciamos hoy, en 2024 nos van a volver a decir no hay policías civiles y la consecuencia es que nos dirán sigamos con las fuerzas armadas", detalló el defensor de derechos humanos.