PÁGINA SOLIDARIA

En Solidaridad con la CNDH Publicamos Textualmente:

COMUNICADO DE PRENSA

Cuatro periodistas de medios informativos de Coahuila, que cubrían el desarrollo de un operativo militar en Monclova, fueron víctimas de detención, retención, incomunicación y privación ilegal de la libertad por personal militar durante casi 16 horas. En ese lapso fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ya que les vendaron los ojos, los esposaron, golpearon, les imputaron posesión de enervantes, de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como de pertenecer a una célula de Los Zetas . Posteriormente fueron presentados ante el agente del Ministerio Público Federal, quien consignó la indagatoria correspondiente ante el juez de la causa que dictó auto de libertad a los agraviados, por no haberse justificado los ilícitos que les fueron atribuidos ni la probable responsabilidad en su comisión.

Por ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su Recomendación 52/2009, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, donde está acreditada la violación a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personales, así como a la libertad de expresión de los agraviados, y en la que se solicita se les indemnice y se reparen los daños.

El Ministerio Público Federal inició la averiguación previa respectiva por abuso de autoridad, la cual fue turnada a su homólogo militar, que determinó el archivo de la misma, con la explicación de extinción de la acción penal por la muerte del Subteniente de Infantería que tenía el mando del operativo; con ello impidió el ejercicio de la acción penal contra los otros 16 elementos que participaron en los hechos que, dijo, tienen el excluyente de obediencia jerárquica, pues sólo acataron órdenes.

El 9 de agosto de 2007 la CNDH conoció mediante información periodística de la detención dos días antes, de Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, del periódico Zócalo ; Jesús Arnoldo González Meza, del diario La Voz ; y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4 , por elementos militares, lo cual confirmó el director editorial del periódico Zócalo , quien formuló la queja respectiva.

Los hechos ocurrieron el 7 de agosto del 2007, alrededor de las 22:30 horas, cuando los reporteros escucharon por radio la realización de un operativo militar y se dirigieron al cuartel, cada uno en su vehículo, para cubrirlo. Al ver que el convoy ingresaba a las instalaciones militares se retiraron, pero calles adelante fueron interceptados por militares, quienes los obligaron a descender de los vehículos, los amagaron e interrogaron. Al no acreditar documentalmente su calidad de reporteros por carecer de credencial, fueron retenidos a pesar de que vestían ropas y viajaban en automóviles con logotipos de sus respectivos medios informativos.

Los subieron a una camioneta, les cubrieron los ojos, los golpearon, los colocaron boca abajo y los “pasearon” durante varias horas. A las 5:00 horas del día siguiente los cuestionaron sobre un arma y cartuchos, les atribuyeron ser miembros de Los Halcones , del grupo identificado como Los Zetas . Alrededor de las 14:00 horas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

En el parte militar se explicó que durante la realización de un operativo, unas personas que viajaban en un automóvil seguían al convoy militar integrado por 17 elementos, a quienes fotografiaban, por lo cual los detuvieron, y al no acreditar de manera documental su dicho de periodistas revisaron el vehículo donde encontraron un arma tipo escuadra calibre 38 súper, cartuchos calibres 12, 22 y 38 súper, cuatro cargadores, tres radios, esposas y cuatro sobres, al parecer con mariguana, y un frasco con mariguana en alcohol, así como una cámara fotográfica, lo que les fue asegurado. La detención y revisión obedecieron, según el parte militar, a que la conducta de los agraviados era similar a la de los integrantes del grupo Los Halcones , de la asociación delictiva Los Zetas .

El análisis de las evidencias permitió que la CNDH acreditara diversas contradicciones entre los hechos y el parte militar, como el hecho de que un perito de la PGR explicó que en la memoria de la cámara fotográfica no existen tomas en que aparezca personal militar realizando labores de vigilancia u operativo alguno; el vehículo en presuntamente detuvieron a los periodistas no apareció en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos ni fue puesto a disposición ministerial; y el Subteniente Médico adscrito como comandante del Pelotón de Sanidad del 69° Batallón de Infantería, con sede en Monclova, Coahuila, concluyó que los lesionados no presentaban lesiones traumáticas recientes, mientras que el perito de la PGR certificó lesiones en los señores Acosta Villarreal y Samaniego Osorio, en tórax posterior y costado derecho de la región abdominal.

En este caso hubo negativa de la SEDENA para que personal actuante de la CNDH entrevistara a los elementos militares involucrados en los hechos, con lo que viola las disposiciones legales y entorpece la indagación de presuntas violaciones a derechos humanos, sin que ello se traduzca en la investigación y persecución de los delitos, tarea que corresponde a la autoridad ministerial.

En su Recomendación la CNDH también solicita resolver conforme a Derecho la averiguación previa iniciada, y archivada el 25 de junio del 2008, por abuso de autoridad; dar vista al titular de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana para que investigue y determine la responsabilidad de los elementos castrenses involucrados en los hechos, incluido el personal médico; investigar a los servidores públicos que impidieron entrevistar a los elementos vinculados con lo ocurrido; dictar medidas para combatir y evitar la repetición de acciones como las señaladas, así como difundir la cultura de respeto a los derechos humanos mediante cursos de capacitación dirigidos a servidores públicos de la SEDENA.

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