PÁGINA SOLIDARIA

En Solidaridad Publicamos Textualmente:

México, D. F., a 24 de septiembre de 2009

COMUNICADO DE PRENSA

Al presentar el reporte “ Políticas letales, muros mortales. Muerte de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos ”, el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, reveló que a 15 años de la puesta en marcha de la " Operación Guardián ” son, de acuerdo con cifras oficiales, 5,607 los mexicanos que han perdido la vida en ese lapso en su intento por internarse de manera indocumentada a los Estados Unidos de Norteamérica, lo que debe reconocerse como una crisis humanitaria internacional. Subrayó que en ese mismo tiempo el vecino país del norte ha endurecido sus políticas migratorias, como lo demuestran el hecho de que su presupuesto de seguridad pasó de seis a 10.1 billones de dólares, el número de agentes de la Patrulla Fronteriza llegó a 20 mil, se construyeron 630 millas de nuevo enrejado alrededor de áreas urbanas, 300 millas de barreras vehiculares y una “reja virtual” de infraestructura tecnológica.

Ante estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demanda que los gobiernos de México y Estados Unidos atiendan el fenómeno migratorio en forma bilateral, sin que implique menoscabo alguno a la soberanía de ambos países; que el problema de la migración vuelva a la agenda del desarrollo social, laboral y económico, y salga de la agenda policíaca; que haya plena vigencia de los derechos humanos y laborales de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y se impulse una reforma migratoria integral que ofrezca opciones de regularización a los migrantes indocumentados, previo cumplimiento de los requisitos que establezca el gobierno estadounidense, y posibilidades legales para la entrada de trabajadores mediante una migración ordenada y segura.

El estudio, realizado conjuntamente por la CNDH y la Unión de Libertades Civiles de San Diego y Condados Imperiales (ACLU), de Estados Unidos, analiza las políticas y prácticas de seguridad fronteriza que han llevado al sufrimiento y muerte de quienes cruzan la frontera sin documentos; revisa el impacto de las muertes de migrantes en familias y comunidades; examina las respuestas gubernamentales y de las organizaciones civiles para preservar y proteger la vida humana que se desplaza por territorio hostil y climas severos y explora principios y leyes relevantes en cuanto a los derechos humanos, además de presentar recomendaciones para terminar con esta crisis humanitaria.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el Quinto Visitador General, Mauricio Farah Gebara, Soberanes Fernández puntualizó que la estrategia estadounidense no frenó la migración y sí, en cambio, propició la elevación de las tarifas de los traficantes de personas, lo que llamó la atención del crimen organizado, que ahora opera en las zonas fronterizas. Añadió que de manera simultánea dicha estrategia obligó a los migrantes a tomar riesgos extremos en desiertos, ríos, montañas y canales, además de que se afectó la circularidad de la migración, ya que los migrantes ahora prefieren, en su mayoría, permanecer en Estados Unidos a regresar temporalmente, dadas las dificultades del cruce fronterizo.

Tras dar a conocer que del año 2000 a 2008 la población mexicana indocumentada en Estados Unidos pasó de 8.4 millones a 11.9 millones de personas, señaló que si bien los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza han salvado muchas vidas, cabría preguntarse si la solución es reducir los daños o analizar y atacar las causas.

Explicó que el flujo migratorio indocumentado de mexicanos hacia Estados Unidos ha descendido como consecuencia de la crisis económica en aquel país, que ha propiciado la disminución en la demanda de trabajo. Sin embargo apuntó que el promedio de migrantes fallecidos en la frontera es de más de uno por día. Dijo que de enero a julio de este año murieron 306 migrantes y la Patrulla Fronteriza ha reportado incremento de muertes en los sectores de Laredo y El Río, Texas, y Tucson, Arizona.

Al respecto refirió que “las familias de los migrantes enfrentan esquemas burocráticos complejos y contradictorios para encontrar a sus parientes perdidos. No existe una base central de datos para localizarlos. La búsqueda de un ser querido puede durar meses o incluso años. En el caso de migrantes indocumentados, se estima que sólo alrededor del 75 por ciento de los cuerpos o restos son identificados, lo cual es bajo comparado con el 99.5 por ciento de los ciudadanos estadounidenses muertos”.

En su reporte, la CNDH y la ACLU proponen a los gobiernos mexicano y estadounidense reconocer la muerte de migrantes en la frontera como una crisis internacional y proponen que en un plazo de 100 días se transfieran más recursos de la Patrulla Fronteriza a los Estados Unidos para propósito de búsqueda y rescate; se instruya a las agencias gubernamentales para que permitan a organizaciones humanitarias hacer su trabajo, salvar vidas y recuperar restos; se establezca un recurso binacional de llamadas de emergencia y rescate; se cree un sistema uniforme para todas las agencias que recolectan datos; haya compromiso con la transparencia; se dé a las muertes carácter de prioridad binacional y se invite al involucramiento internacional en este tema. Además proponen que para el plazo de un año se adopten políticas de inmigración que sean humanas y sensibles y se apoyen los esfuerzos no gubernamentales en la frontera que realizan tareas que los gobiernos no están dispuestos o no pueden realizar.

Al referirse a las medidas antiinmigrantes en Estados Unidos, Soberanes Fernández destacó la falta de una reforma migratoria integral, que ha permitido a autoridades locales emprender acciones legislativas contra migrantes; la Oficina de Inmigración y Aduanas realizan redadas y detienen a migrantes indocumentados, cuando debieran localizar a indocumentados fugitivos y peligrosos; y la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ha abierto espacios para que las corporaciones locales de policía realicen verificaciones y detenciones migratorias, además de la falta de capacitación y abuso de atribuciones del personal de esas instituciones policiales.