PÁGINA SOLIDARIA
En Solidaridad Publicamos Textualmente
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 11 de Junio de 2012.
*Boletín de Prensa.*
*Continúa estrategia ilegal de la Procuraduría Agraria (PA) y de la SAGARPA para imponer el FANAR y despojar de sus tierras y territorios a comunidades indígenas y campesinas de Chiapas *
Comuneros de Jolsibaquil integrantes de la organización Laklumal Ixim-Nuestro Pueblo de Maíz- denuncian que continúa la estrategia de la PA y SAGARPA por imponer el FANAR mediante mentiras y actos violatorios de la ley agraria; ya que señalan, que el pasado 8 de junio se presentó una comisión de comuneros- acompañados del abogado de este Comité Digna Ochoa- en las oficinas de la SAGARPA de Yajalón, para realizar el trámite de
ingreso y permanencia en el programa PROCAMPO.
Personal de la SAGARPA de Yajalón les respondió que de ninguna manera podrán acceder al apoyo del PROCAMPO hasta que no presenten el acta dura.
Al cuestionarle sobre a qué se referían con el acta dura, Hugo Vázquez Acosta y Gabriela de Jesús Domínguez Martínez-de la SAGARPA- respondieron que el acta dura es el acta de asamblea en donde se acepta el FANAR, ya que la documentación anterior como los certificados de derechos agrarios ya no tienen ningún valor legal.
El FANAR significa “Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar”.¿De dónde salió?
El 6 de enero de 1992 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 27 Constitucional que legalizan la privatización y el despojo de tierras a los campesinos, con estas reformas el gobierno de Carlos Salinas de Gortari traicionó los triunfos agrarios de la Revolución Mexicana de 1910 encabezados por el Ejército Libertador del Sur y su General Emiliano Zapata.
El 26 de febrero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, para que legalmente los ejidos y comunidades agrarias, a través de sus asambleas, “adopten las condiciones que más les convengan para destinar, delimitar y asignar las tierras que conforman su patrimonio”, incluidas diversas formas de privatización parcial o total de sus tierras como el parcelamiento económico de tierras comunales, dominio pleno de parcelas ejidales, titulación de solares e incluso la desintegración de los ejidos en pequeñas propiedades (privadas).
Señalamos que esta situación no es privativa de los Bienes Comunales de Jolsibaquil, ya que este Comité tiene información de sus monitores en el sentido de que la SAGARPA está usando la misma estrategia en los ejidos de Petalcingo en Tila e Hidalgo Joshil en Tumbalá
con el objetivo de imponer el programa FANAR.
Informamos que el día de hoy este Comité recibió vía telefónica a través de su representante, notificación de la Lic. Patricia Mendoza de la Quinta Visitaduría de la CNDH con sede en la Ciudad de México, en la que se informa de la conclusión de la queja promovida por comuneros de Jolsibaquil, indicando que el gobierno de Chiapas mediante la Secretaría de Gobierno y la PA informan que dado la inconformidad social hacia el FANAR se acordó suspender su implementación en los Bienes Comunales de Jolsibaquil, y que de existir nuevas inconformidades o violaciones de derechos humanos de los comuneros pueden concurrir nuevamente a esta Visitaduría.
Asimismo señala que de ninguna manera la SAGARPA puede condicionar el apoyo del PROCAMPO.
Los comuneros de Jolsibaquil exigen a la PA y SAGARPA por medio de este Comité, que cesen de condicionar como requisito único para acceder al programa PROCAMPO la presentación del certificado de derechos parcelarios y/o el acta dura de aceptación del programa FANAR, ya que continúan violentando con esta acción sus derechos agrarios.
Denunciamos que el mecanismo de condicionamiento del PROCAMPO impulsado por la SAGARPA, se perfila como el instrumento de la estrategia gubernamental para impulsar el FANAR y el despojo de las tierras y territorios a las comunidades campesinas e indígenas de Chiapas.
En este contexto, este Comité denuncia y expresa su preocupación por los graves e infundados señalamientos de la PA y SAGARPA hacia la labor que desempeñamos como defensores de derechos humanos; ya que este Comité ha recibido copia de sus monitores de derechos humanos de un acta circunstanciada de la PA (se anexa) en donde señalan que “un grupo minoritario de aproximadamente 25 comuneros, iniciaron la resistencia en contra del programa, amparados en la organización Digna Ochoa, violando los derechos de la mayoría de los comuneros que solicitan sus documentos de uso común, realizando bloqueos en la entrada de la comunidad a fin de impedir la continuación de estos trabajos” [sic]
Los comuneros de Jolsibaquil precisan que mienten la SAGARPA y la PA cuando señalan que quienes se oponen a la implementación del FANAR son una minoría que apenas alcanzan unas 25 personas y que violentan los derechos de la mayoría; en realidad es lo contrario, quienes han violentado lo que establece la ley agraria vigente y los derechos de los comuneros de Jolsibaquil han sido la PA y SAGARPA en complicidad de las autoridades comunales que trabajan a su servicio.
Por último, este Comité precisa que nuestra labor como organismo de derechos humanos, se ampara en el ejercicio del derecho a la defensa de los derechos humanos garantizados en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de la ONU sobre los defensores de los Derechos Humanos; los señalamientos por parte de la PA y de la SAGARPA implican un acto de criminalización hacia los comuneros de Jolsibaquil y labor de la defensa de los derechos humanos en Chiapas, por lo que procederemos a iniciar una queja formal en la CNDH, oficinas centrales de la PA y SAGARPA.
Así como informaremos a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya que esta acción gubernamental de estigmatización de nuestro trabajo de acompañamiento, se suma al delicado contexto en donde se han lanzado amenazas de muerte a comuneros que han manifestado su oposición al FANAR, por parte de integrantes del grupo paramilitar Paz y justicia que se amparan en el PRI-PVEM y cuentan con el respaldo de Sandra Luz Cruz Espinosa, presidenta municipal de Tila.
*¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NUESTRO PUEBLO!*
*COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE BASE DE CHIAPAS DIGNA OCHOA*
*CEREAL*
Centro de Reflexión y Acción Laboral
proyecto obrero de Fomento Cultural y Educativo A.C.
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