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* Empresas Extranjeras Violan con Impunidad los Derechos Laborales de los Mexicanos y Elevan las Tarifas sin Control

* Ex presidentes Panistas Vicente Fox y Felipe Calderón Endeudaron al País para Impulsar ese Negocio de Extranjeros.

*Demandan Penalmente por "Sabotaje" a Trabajadores que Protestan por Bajos Salarios y Despidos Injustificados.

Por María de Lourdes Martínez González

Margarita Zavala, pasó de ser la primera dama y presidenta del DIF, en el sexenio de Felipe Calderón, a convertirse en promotora de una empresa privada de agua a la que le pusieron como nombre Water Iniciative, en inglés, para competir con otras transnacionales en la privatización de la administración y distribución del vital líquido en el estado mexicano de Tlaxcala, denunció Eduardo Hernández Hernández, Técnico Superior de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA)

El domingo 28 de julio del 2013, integrantes de la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua y Ciudadanos Unidos al Rescate de la Laguna de Acuitlapilco, realizaron un foro en el patio del Congreso de Tlaxcala, para oponerse a la reforma a la ley de aguas estatales, con la que los legisladores locales pretenden concesionar la explotación del vital líquido a particulares.

"Estamos hablando de compañías privadas, monopolios internacionales como Veolia o SUEZ, que son los más interesados. Pero también hay firmas nacionales que adoptaron nombres internacionales como Water Iniciative, donde tiene intereses económicos la primera dama del sexenio pasado. No nos consta que sea una de las accionistas principales, pero ella se ha dedicado a difundir a esta compañía".

Este es un caso más en que la vida privada de los funcionarios y ex funcionarios públicos debe transparentarse, para conocer qué nexos tienen con estas empresas nacionales y transnacionales que compiten en las licitaciones públicas y saber si están incurriendo en tráfico de influencias o latrocinio al privatizar el agua y otros recursos públicos en México, para su beneficio personal o de sus empresas.

Ejemplicifó con el caso de Saltillo, que fue el primer municipio mexicano donde se concesionó a las empresas extranjeras invertir en el agua, bajo el esquemas de coinversión con el ayuntamiento. La española Aguas de Barcelona, despidió a una cuarta parte del personal sindicalizado pagándoles sólo el 25% de lo que les corresponde de indemnización. Y cuando los trabajadores sindicalizados hicieron una marcha de protesta por estas arbitrariedades, les levantaron actas penales por supueso sabotaje. En salarios están peor, los generentes ganan 116 mil pesos al mes, mientras que los trabajadores les pagan 3 mil 300 pesos.

Gustavo Castro Soto, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC , A.C.) denunció que desde septiembre del 2002 Vicente Fox, entonces presidente de México contrató deuda externa con el Banco Mundial y del Banco del Acuerdo de Libre Comercio "para destinar por medio por medio del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) recursos financieros a fondo perdido en un 40%, para mejorar la infraestructura que luego las empresas comprarán, mejoras que no tendrán que pagar por ellas. Otros porcentajes los ponen los gobiernos estatales y los municipales, pero las empresas, nada...

En el 2002 el Banco Mundial otorgó un préstamo a la Comisión Nacional del Agua (CNA) por 250 millones de dólares para PROMAGUA. La ciudad de Saltillo fue una de las primeras ciudades en la que se aplicó y donde la población lleva una resistencia contra la compañía SUEZ. Este programa también se ha llevado a cabo en ciudades como Puerto Vallarta, Aguas Calientes, Cancún, Puebla, Ciudad de México entre otras donde también están invirtiendo empresas como Vivendi y Bechtel camuflajeada como United Utilities..." (Lee la información completa en "PRIVATIZACION DEL AGUA EN MÉXICO").

Pero desde abril del 2000, Ernesto Zedillo, como presidente de México firmó un Tratado de Libre Comercio con Europa en el que hay un acuerdo global para respetar los principios democráticos y los derechos humanos, pero paradójicamente se establece que será el poder ejecutivo el que decida y no los legisladores ni la sociedad civil y no se estableció ninguna obligación a la comunidad económica europea para respetar los derechos laborales y ambientales de México.

Por esa razón La Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México(CIFCA) subrayaron en su “ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTAL DE LAS INVERSIONES EUROPEAS EN MÉXICO Y EUROPA EN EL SECTOR AGUA Y ELECTRICIDAD” que ese "Acuerdo Global en su forma actual para México, tiene todos los ingredientes para que se acentúe la inestabilidad del crecimiento económico, la vulnerabilidad financiera y cambiaria, la ampliación de las desigualdades regionales, sectoriales y productivas, la concentración de la riqueza y del ingreso, el deterioro del
medioambiente y de las condiciones de vida y trabajo de la población".

Y subraya que uno de los grandes propósitos de la globalización comercial, es la reducción del gasto social y de privatizar los servicios básicos como agua, electricidad, salud, entre otros, que en su momento han sido responsabilidad de los gobiernos nacionales bajo el argumento de que los Estados ya no tienen la capacidad financiera, por lo que es necesaria la
inversión privada.

Sin embargo, el estudio demuestra que en las ciudades europeas donde se implementó este modelo de privatización del agua afectó a la población porque su precio al público se triplicó. Por lo cual apareció la resistencia civil contra ese proceso que especula con una necesidad vital. "El Comité de Usuarios ha sido esencial para exigir la participación de la sociedad frente a lo toma de decisiones importantes y en la definición del reglamento de servicios de agua".

Destacó El gobierno de Vicente Fox el Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA), que entró en funciones en enero del 2001, con el objetivo de promover la participación del sector privado en las aguas mexicanas, mediante contratos de asociación gobierno-iniciativa privada, con lo cual se concesionó ese recurso vital a las empresas extranjeras Ondeo. Azurix -subsidiaria de Enron-, Veolia Environment, y Suez de capital Francés; Desarrollos Hidráulicos, Argentina; Aquamex, S.A. de C.V, Eisenmann S.A. de C.V; Luwa México S.A. de C.V., Tecnología Intercontinental S.A. de C.V., (TICSA), Uhde Jacobs México, S.A. de C.V., de capital Alemán; Anglian Water, Kelda Group, Severn Trent de Water Reino Unido y Aguas de Barcelona de España.

"En México bajo la propuesta de esquema tarifario se instrumenta la política de el agua para el agua, eliminando cualquier tipo de subsidio y quien asume el costo total es el consumidor, lo cual ha ocasionado serios problemas en algunos municipios del país. Como es el caso de Aguascalientes, los contratos que operan establecen un aumento
de tarifas a los usuarios cada dos años. Asimismo, si hay un aumento en los productos que se utilizan para la distribución del agua serán recuperados vía tarifas".

ONG´s RECHAZAN PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN TLAXCALA

Por María de Lourdes Martínez González