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Año 7. No. 366. del 09 al 15 dic. 2012

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Sigue la Especulación con Dinero de Trabajadores

LAS AFORES GANARON 220 MIL MILLONES DE PESOS

*El Cobro de Comisiones Merma las Posibilidades de una Pensión Digna para los Trabajadores

 

El diputado Miguel Alonso Raya considera que la seguridad social atraviesa un momento crítico por lo que la discusión del paquete económico 2013 debe enmarcarse en esa situación y no caer en respuestas inmediatistas de querer aumentar el gasto de las instituciones si no se valoran soluciones de fondo al financiamiento de la seguridad social.

Argumenta que las reasignaciones o los aumentos, por generosos que sean, no van a resolver los grandes problemas de atención a la salud, pensiones y prestaciones sociales de asegurados, pensionarios y beneficiarios.

En relación al Instituto Mexicano del Seguro Social indica que el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2011-2012, documenta la crisis financiera del instituto y su inviabilidad para el otorgamiento de los servicios y prestaciones a que está obligado con sus derechohabientes.

Respecto a la asignación presupuestal para el sector salud, dice que el Seguro Social presenta un desequilibrio financiero debido principalmente a los seguros que destinan recursos a la atención médica. En el caso de los gastos médicos para pensionados, puntualiza que se registra un déficit de de 5 billones 110 mil millones de pesos, lo que representa 35.6 por ciento del PIB de 2011.

Recuerda que desde 2009, el IMSS tuvo que tomar reservas para cubrir un faltante de recursos. Al cierre de 2012, se tomarían 19 mil 261 millones de pesos; si el instituto continúa haciendo uso de sus reservas, sólo podría extender los años de suficiencia financiera hasta el año 2014. En 2015, se necesitarían 5 mil 774 millones de pesos; al siguiente año, se requerirían 38 mil 758 millones de pesos.

Respecto al ISSSTE recuerda que en abril de 2007 entró en vigor una nueva Ley de este instituto la cual elimina la responsabilidad que el Estado, por mandato constitucional, debe afrontar para garantizar a sus trabajadores y trabajadoras protección en caso de sufrir alguna contingencia social o económica, para procurar su salud dentro y fuera del centro de trabajo, apoyar su economía y en general un bienestar integral y progresivo.

Con esta “reforma estructural”, los costos del quebranto del ISSSTE serán asumidos por sus derechohabientes al recibir pensiones menores; laborar más años para acceder a las mismas e incluso corren el riesgo de no recibir pensión al término de su vida laboral, plantea el entrevistado.

El Vicecoordinador de los legisladores perredistas informa de 2007 a 2010, se erogaron casi 590 mil millones de pesos como costo fiscal de la nueva ley, que equivale a 3.6 por ciento del PIB del año venidero (sólo en 2008, cuando se emitieron los bonos de reconocimiento, el costo de la reforma ascendió a 2.4 por ciento del PIB). El 95 por ciento de este costo corresponde a apoyo fiscal para el pago de la nómina de pensiones y a los bonos de reconocimiento.

En este contexto, Alonso Raya anota que los servicios médicos, bajo la nueva ley, no tienen garantizada la suficiencia financiera para atender la transición demográfica y epidemiológica y los recursos extraordinarios otorgados a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento no repercuten positivamente en el estado de salud del propio instituto.

Por lo anterior, señala que a más de un lustro de la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE es imperativo evaluar sus efectos en cuanto a sus resultados, la operación del instituto y la problemática que subsiste en el otorgamiento de beneficios y prestaciones a los servidores públicos, así como los retos que debe afrontar el Poder Legislativo Federal con vistas a su revisión y adecuación.

Sobre los sistema de ahorro para el retiro apunta que al mes de octubre de 2012, las afore administraron un billón 852 mil millones de pesos, más del 12 por ciento del producto interno bruto; estos recursos están depositados en más de 47 millones 805 mil cuentas individuales y son administrados por 12 afore, si se considera la compra de Afore Bancomer por parte de Banorte. Casi 27 millones de estas cuentas están inactivas.

En términos reales, los rendimientos netos (descontando inflación y comisiones) de los últimos 45 meses son de 5.4 a 9.3 por ciento, según el régimen de inversión, serán insuficientes para garantizar una pensión digna a los trabajadores.

Sin embargo, en contraste, las administradoras mantienen una situación financiera envidiable a costa de los dineros de los trabajadores, de un sistema diseñado para favorecer al capital financiero y de una regulación inadecuada para proteger los intereses de los trabajadores, detalla el legislador del PRD.

Finalmente, Alonso Raya informa que en 15 años las afore han obtenido 202 mil millones de pesos por el cobro de comisiones y utilidades netas de 57 mil 514 millones de pesos; sin embargo el sistema no promueven la inversión y generación de empleos que demanda el país, sólo beneficia al capital financiero y mantiene la incertidumbre sobre el destino de los futuros pensionados.

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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