OBLIGAN A TRABAJADORES A DECLARAR 3 DE 3

*Equiparan a empleados subordinados con altos funcionarios que otorgan licitaciones.

*No es lo mismo un trabajador que los directivos que manejan presupuestos.

Participación de Pedro Sebaste Villegas Rojas,

Director del Centro Nacional de Promoción Social (CENPROS),

programa del sábado 02 de junio de2018

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

El movimiento sindical está lleno de desafíos por la profundización de la instrumentación de las leyes reglamentarias de las denominadas reformas estructurales, que le impactan gravemente al ahondar en una política de inestabilidad laboral, contención salarial, disminución del poder adquisitivo de los salarios y flexibilización de prestaciones contractuales, sumiendo a los trabajadores en el empleo precario.

En ese contexto es que los trabajadores de los servicios públicos estatales y municipales advierten un desafío profundo que los tiene en vilo, por un lado está la miscelánea fiscal disfrazada de reforma que año tras año se implementa y la ley de transparencia que obliga a la declaración 3 de 3 a los trabajadores que perciben desde un salario mínimo como si fueran funcionarios que decidieran la contratación de obras y licitaciones, el desmantelamiento cada vez más agresivo de los regímenes de los fondos de pensiones y jubilaciones.

Por otro, la puesta en marcha de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo propósito era combatir las prácticas corruptas, el despilfarro, saqueo de las arcas públicas y endeudamiento indiscriminado para cumplir con los compromisos y favores políticos, que observan un deterioro sistemático en las finanzas públicas de los estados y municipios, que sin duda comprometen su estabilidad financiera en el futuro.

Cabe señalar, que desde inicios de la actual administración, el Ejecutivo Federal anunció la necesidad de encontrar una solución al creciente endeudamiento de las entidades federativas y los municipios y su intención se reflejó en la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015.

Por ello, es que se creó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios aprobada el 17 de marzo de 2016 en el Congreso de la Unión y promulgada por el Poder Ejecutivo el 27 de abril de ese mismo año, cuyos lineamientos referentes al Presupuesto de Egresos y al equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los Municipios, de conformidad con el Artículo Décimo Transitorio, entraran en vigor en este 2018.

Desde luego que su implementación impacta a los trabajadores al servicio de los estados y municipios, en virtud de condicionar los incrementos salariales y prestaciones, y con esto, la negociación colectiva, al considerar en su artículo 10 las obligaciones laborales como “servicios personales”, exigiendo que los salarios sean incrementados teniendo como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando.

De tal manera, que bajo este argumento se haría imprescindibles las negociaciones salariales y de prestaciones por parte de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, al sujetar las negociaciones laborales a los parámetros de la Ley.

Por otro lado, al permitir a los Congresos de los estados la adecuación de sus legislaciones a la Ley de Disciplina Financiera, sería darles la oportunidad de condicionar cualquier aspiración de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.

Un ejemplo de ellos es lo que en algunos estados de la república se ha venido haciendo, como Querétaro con la reforma a su Ley de trabajo, en la que para poder mejorar en prestaciones se requiere garantizar en el futuro el pago de las mismas a través de un fideicomiso que se pueda crear, lo que representaría un obstáculo para el gobierno patrón, pues no habría presupuesto anual que alcanzaría para fijar esa garantía.

En ese sentido es que el movimiento sindical y en especial de los trabajadores estatales y municipales en todo el país, requieren hacer unidad de acción para enfrentar este desafío, que le permitan tener capacidad de interlocución y decisión en los Congresos, a fin de exigir el respeto de sus derechos y libertades sindicales; así como de proponer alternativas que no solo le impidan perder capacidad de negociación, sino de apartarse de su objetivo natural que es la de representar, promover y defender los intereses de los trabajadores.

Actualmente estamos inmersos en un proceso electoral que se vislumbra ser el más competido y difícil, por lo que representa en sí misma la elección presidencial y el conjunto de los 3,858 cargos de elección popular; todo ello, en un marco de incertidumbre, desconfianza y escándalos de corrupción, que envuelve a una sociedad que demanda el restablecimiento del Estado de Derecho.