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Ante decisiones autoritarias los sindicatos unen fuerzas
Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com Pasando por encima de la legislación laboral, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se pretende modificar las condiciones generales de trabajo del personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ante lo cual seis de los sindicatos que agrupan a los trabajadores, están respondiendo de manera unitaria y recharon los posibles cambios en las condiciones pactadas y vigentes desde hace cuarenta años. Los sindicatos nacionales de Restauradores; de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas; de los Trabajadores de la Cultura; de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural; Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura-Sector INAH; y de Profesores de Investigación Científica y Docencia y alertaron también sobre la pérdida de sus derechos, así como la afectación al trabajo de conservación del patrimonio cultural e histórico y de investigación en la materia. En un análisis del documento “Comentarios y Observaciones formulados al Proyecto de Condiciones Generales de Trabajo (CGT) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”, realizado por el Sindicato de Profesores e Investigadores, se señalan los puntos centrales de la propuesta de modificación de las condiciones pactadas. Estos son: Eliminar toda percepción o derecho adquirido que supere lo establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en especial las prestaciones socioeconómicas y el escalafón abierto; Abolir la bilateralidad sindicato-autoridades en los asuntos laborales, es decir la negociación entre trabajadores y patrones (el gobierno federal y sus representantes), para imponer lo que las autoridades hacendarias establezcan; No reconocer la personalidad jurídica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) establecida en su Ley Orgánica; Eliminar lo relacionado con la participación de los trabajadores en asuntos de la Institución; Asumir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es autoridad para normar las relaciones laborales y el funcionamiento de la Institución, Imponer a la Secretaría de Cultura como titular de las Condiciones Generales de Trabajo, con la opinión del sindicato mayoritario. Se señala que el documento -elaborado con deficiente redacción- se originó en la Coordinación de Programación y Presupuesto de Educación de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP. A fin de “regularizar las condiciones generales de trabajo”, el documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) marca las siguientes pautas : Las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) vigentes son un proyecto que se somete a autorización de la SHCP La única ley laboral aplicable a las CGT es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), la cual no debe ser contravenida y contiene el límite máximo de los derechos de los trabajadores. La relación laboral con los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), corresponde detentarla a la Secretaría de Cultura, a través del Instituto. Quien toma las determinaciones es la Secretaría de Cultura y el INAH solamente las aplica. La autoridad tiene plenas facultades decisorias y, en el mejor de los casos, el sindicato sólo puede opinar. El sindicato mayoritario es el único con derecho a opinar sobre las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) y los asuntos laborales de carácter general. Los aumentos en las prestaciones deben ser resultado de la imposición de mayores responsabilidades y obligaciones a los trabajadores. Si no se cumple este requisito, la dependencia no estaría recibiendo contraprestación alguna y no habría presupuesto que alcanzara para cubrir estas erogaciones, aun cuando ya estuvieran autorizadas por Hacienda. No deben formar parte de las CGT los reglamentos, convenios, acuerdos y demás normas de carácter laboral. Las prestaciones que autorice la SHCP deberán cubrirse con el presupuesto autorizado al INAH, sin otorgarse recursos adicionales y sin generar déficit presupuestario. El documento de Hacienda, con sus propuestas, pretende rebajar las condiciones generales de trabajo vigentes para dejarlas en calidad de proyecto. Con esto pasa por encima incluso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que es la responsable del gobierno de la política laboral e incluso ignora al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, autoridad ante la cual están registradas las CGT hace cuatro décadas y a la Ley Orgánica del INAH, que reconoce los derechos de los trabajadores. Se pretende hacer de lo establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, no el mínimo que deben recibir los trabajadores, sino un tope máximo. Ignora así la progresividad de los derechos laborales ganados, algo reconocido nacional e internacionalmente desde hace más de un siglo. Hacienda trata también de desconocer los transitorios del decreto de creación de la Secretaría de Cultura, que señalan que se respetarán los derechos de los trabajadores del INAH y que el instituto seguirá rigiéndose por su Ley Orgánica. Al pretender que el INAH solo aplique las determinaciones de la Secretaría de Cultura desconocen en los hechos la Ley Orgánica del INAH que dota a esa institución de personalidad jurídica y autonomía técnica y pondría en manos de funcionarios desconocedores del INAH la atención de problemas laborales específicos con resultados impredecibles. En un acto irresponsable, Hacienda busca enfrentar a los trabajadores al señalar que solo el sindicato mayoritario puede opinar sobre las condiciones laborales. Pasan por alto la autonomía del INAH y quieren enfrentar entre si a los sindicatos. Otra muestra de la ignorancia de los funcionarios menores que elaboraron el documento es la pretensión de que no formen parte de las CGT los reglamentos, convenios, acuerdos y demás normas de carácter laboral que responden a las condiciones específicas del INAH y que se han logrado en años de lucha y, sobre todo, de mucho trabajo. Esto no solo dejaría fuera aspectos como año sabático, investigadores eméritos y demás acuerdos laborales, sino que afectaría las condiciones de admisión, promoción y de concursos y exámenes de oposición, dejando en manos de funcionarios de la Secretaría de Cultura, con condiciones impuestas por la de Hacienda las decisiones de quién trabaja, cómo y hasta cuándo, en la preservación e investigación del patrimonio arqueológico e histórico de nuestro país. Es claro que a los funcionarios de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo que les preocupa es ahorrar hasta el último peso, aunque ese ahorro vaya contra el trabajo de alto nivel que realiza el personal de la institución. El trabajo sustantivo del INAH, la identidad nacional, la cultura, los derechos laborales, son letra muerta en su concepción burocrática, autoritaria y vertical. La buena noticia es que los sindicatos empiezan a trabajar coordinadamente. Aunque en realidad falta aún, pues la respuesta debe ser de todos los trabajadores mexicanos, ya que una afectación a un sector de trabajadores, debe ser asumida como una afectación a todos.
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