Negociaciones laborales en tiempos del COVID-19

AUTORIDADES QUIEREN ELIMINAR DERECHOS CONTRACTUALES DE TRABAJADORES NUCLEARES

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Participación en el programa de radio del 05 de septiembre de 2020

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Aunque la Ley Federal de Trabajo (LFT) establece en su artículo 399 que sindicatos y empresas deben revisar cada dos años los contratos colectivos de trabajo, de acuerdo a la fecha de su firma o depósito ante las autoridades laborales, este 2020 muchos se han visto imposibilitados de hacerlo, por el cierre de empresas e instituciones y de las juntas de conciliación y arbitraje por cuatro meses debido a las medidas de emergencia sanitaria, pese a que se prometió que se atenderían los asuntos relacionados con huelgas y no fue así.

Tal es el caso de los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), que emplazaron a huelga para el 1° de abril de 2020 por revisión integral del contrato colectivo de trabajo ININ-SUTIN. Cerca de la fecha límite para revisar el CCT, la administración del instituto presentó una propuesta económica muy por debajo de lo que en promedio se estaba firmando en la mayoría de las revisiones. En el caso de las propuestas sindicales de modificación del clausulado del contrato colectivo, la constante fue la negativa.

El SUTIN prorrogó el emplazamiento con la idea de tener mayor tiempo para construir un acuerdo con el ININ, lo que no sucedió, pues la administración del ININ, no aceptó tener en ese periodo, pláticas presenciales ni virtuales con el sindicato. Esto motivó una nueva prórroga que estableció como fecha de huelga el 3 de septiembre de 2020.

En la fecha fijada para la nueva audiencia de conciliación, por parte del ININ, asistió solamente un abogado integrante de su cuerpo de asesores, quien se limitó a disculpar la ausencia de los funcionarios responsables, y en un hecho sin precedentes, anunció el retiro de la propuesta anterior y la intención de prorrogar la vigencia del CCT sin cambio alguno, a pesar de que ya lo establece el artículo 400 de la LFT si no hay acuerdo o no estalla la huelga.

Este hecho constituye una provocación al SUTIN y una clara intención discriminatoria, ya que desde el Gobierno de la República se ha planteado insistentemente que la emergencia sanitaria no implica afectación de derechos a nadie, lo que en el plano laboral queda claro con las firmas de revisiones contractuales con incrementos salariales de 3.4% más porcentajes en prestaciones a partir de 1.8%. Así ha sido en diversos sectores en los que sí han concluido las revisiones contractuales y recientemente en los casos de CFE y Pemex, que como el ININ, forman parte del sector energía.

Después de la denuncia pública de esta provocación, que se sumó a las denuncias de agresiones a trabajadores de otros sectores como telefonistas, universitarios o el personal de Notimex, la administración del ININ hizo un nuevo ofrecimiento que apenas difería del presentado en marzo pasado, reiterando la negativa a modificar el CCT. Al día siguiente, fecha fijada para la huelga, la Dirección General del ININ agregó a la propuesta de incremento salarial de 1.8% -aduciendo sin comprobar que se convertiría en 3.59%- la modificación a tres cláusulas del CCT en las que se llegó a acuerdos en marzo pasado.

Se enfatizó en que se trataba de una última oferta, no modificable y que la decisión se debía tomar pronto, por el riesgo de perder la oportunidad de contar con los recursos correspondientes.

A fin de contar con tiempo para someter a consideración de los trabajadores la nueva propuesta, conforme la política del SUTIN y lo establecido en la LFT, una vez que la entregaron por escrito a última hora pese a la renuencia inicial de hacerlo, se acordó una nueva prórroga. La propuesta entregada fijó una vigencia de la misma al 8 de septiembre.

Sin embargo, al revisar la propuesta se encontró que los términos de las cláusulas no son los acordados en las pláticas previas y, por lo contrario, se mutilaban partes sensibles de las mismas, en términos desfavorables para los trabajadores, sin planteamiento previo ni mucho menos acuerdo.

Informados los trabajadores nucleares, expresaron mayoritariamente un absoluto rechazo a la pretensión de mutilar el CCT y se pusieron en marcha los mecanismos para la consulta directa, personal y secreta para tomar una decisión.

Horas después, casi a media noche, el Secretario de Trabajo del sindicato recibió por medio de una aplicación de mensajería instantánea, (no por el correo electrónico institucional, que es un medio válido según decreto presidencial) un documento que incluye las modificaciones a dos cláusulas del CCT.

Aun con estas modificaciones, los cambios propuestos no corresponden a lo acordado y el mensaje no incluyó explicación alguna que aclarara si este nuevo documento sustituye o modifica el documento recibido en presencia de los funcionarios conciliadores de la STPS y sobre el cual se consultaría estatutaria y legalmente.

Las cambiantes propuestas y procedimientos seguidos en este caso, no solo son discriminatorios, sino que afectan al ININ, cuando éste como todas las instituciones de investigación, deberían ser fortalecidas a la vista de la necesidad que tiene México de contar con un sistema de ciencia y tecnología capaz de dar respuesta al reto que significa lograr la soberanía en materia energética, de salud, alimentaria e industrial.

A pesar de las difíciles condiciones, o precisamente por ellas, los trabajadores nucleares exigen pleno respeto a sus derechos, a su contrato colectivo y a su dignidad como organización, al tiempo que luchan por fortalecer su materia de trabajo.

Esto es sólo una parte también de una política contra los trabajadores y sus organizaciones que, aunque ha existido desde hace mucho tiempo, se ha agudizado en el marco de la emergencia sanitaria, mostrando que no todos los funcionarios gubernamentales caminan en el mismo sentido, y afectando a trabajadores incluso de dependencias oficiales, como ha ocurrido con las prolongadas huelgas en la Universidad Autónoma Chapingo y en Notimex.

En condiciones similares están los telefonistas afiliados al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y al SINDETEL en el Noroeste, a quienes se les quiso quitar el derecho a la jubilación -lo que impidieron los trabajadores con su unidad- el Sindicato Mexicano de Electricistas, a quien se le niega sin razón la toma de nota de su reciente proceso electoral democrático, los de la Red de Transporte de Pasajeros, a cuyo sindicato la empresa se niega a atender a pesar de tener toda la legalidad a su favor y muchos más. Pero sobre todo, los millones de trabajadores que han perdido su empleo o han visto mermados sus ingresos, muestran la urgencia de superar el miedo y la necesidad de construir la organización y la unidad de todos los trabajadores.

guillen.s.carlos@gmail.com