El TMEC igual que TLCAN subordinan a México a E.U.

EL INCREMENTO SALARIAL REAL SÓLO SE LOGRARÁ CON DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

*Mano de obra barata y el despojo riquezas naturales interesan a "socios" comerciales.

¨No les importa el crecimiento del país ni de lso mexicanos.

Participación de la Doctora Josefina Morales ,

Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y

Presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA)

en el programa del 26 de junio de 2021,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

En un trabajo que realizamos Mateo Crossa y yo, señalamos, entre algunas propuestas para enfrentar la grave situación lesiva para el país y para los trabajadores, lo siguiente:

“Incrementar significativamente el poder adquisitivo de las remuneraciones en el país implicaría impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico que no dependa únicamente de la atracción plenamente desregulada de las inversiones extranjeras directas, sino que apueste al desarrollo científico y tecnológico endógeno y al encadenamiento productivo nacional.

En México, esto implicaría fomentar y fortalecer un aparato productivo nacional, limitando y disciplinando a los monopolios y reestableciendo una relación comercial con EUA en la que, a diferencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá (TMEC), México no se coloque como un enclave exportador subsumido y subordinado a la necesidad de las corporaciones norteamericanas.”

“El aumento significativo de los salarios debería ser la prioridad de una política alterativa para la industria automotriz, especialmente en la industria maquiladora de autopartes donde predominan remuneraciones raquíticas.

De ello derivarían una serie de elementos que encaminarían al país a insertarse a las cadenas automotrices de valor, no como economía proveedora de fuerza de trabajo barata, sino como un país que prioriza la inversión nacional en investigación y desarrollo, que protege a la industria nacional mediante estrictas políticas arancelarias e impositivas y que fomenta encadenamientos transversales. Es decir, una política que deje de responder al interés privado y opte por apostar al interés público y nacional.

En otras palabras, se hace necesario y urgente que se cuestione el modelo económico imperante que desde hace casi medio siglo ha venido fragmentando al territorio nacional cada vez con mayor agresividad.”

Hemos hablado, en otras ocasiones, que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), acompañado de lesivos y regresivos cambios constitucionales a los artículos 27 y 28 así como cambios a la Ley de Inversión Extranjera y a la de la minería, fue la consolidación de un capitalismo neocolonial en nuestro país, por el cual perdimos nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía energética y alimentaria.

Implicó el abandono del campo, la concesión del territorio nacional al capital minero extranjero, el desmantelamiento de Pemex, el arrumbar de las refinerías del país, y el endeudamiento de las dos empresas energéticas (Pemex y CFE), cuya mayor destrucción fue el cierre fulminante de la empresa de luz y fuerza que ustedes sufrieron cuando dejaron sin empleo a los más de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

También la entrega, en gran parte, de los recursos petroleros del país al capital privado nacional y extranjero con el mal llamado Pacto por México (alianza de los distintos partidos políticos) que impuso la contrarreforma energética.

En otras palabras, el TLCAN fue el proceso de privatización que remató o liquidó a cerca de las dos terceras partes de los activos nacionales del país. También incluyó diez años después, asuntos de seguridad nacional con el acuerdo de seguridad y prosperidad con Fox que se consolidaron con la Iniciativa Mérida.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio con Donald Trump, en los últimos años del gobierno de Peña Nieto, se hizo bajo muy duras presiones imperialistas que pretendían cancelar el tratado, la exportación temporal de productos agrícolas, mayor apertura a la participación del capital estadounidense en la industria automotriz, la apertura del sector energético, la apertura a la participación del capital estadounidense en el sector público nacional y la prohibición de establecer acuerdos de libre comercio con regímenes que no sean de libre mercado, es decir, China y Cuba; y, también, la prohibición de emplear la política monetaria para favorecer nuestras exportaciones.

Al mismo tiempo que con la política de volver a hacer grande a Estados Unidos, otra vez, se establecieron impuestos a la exportación de acero y aluminio de nuestro país. En los últimos meses de la renegociación, y ya electo Andrés Manuel López Obrador, éste logró introducir el respeto a cambios constitucionales en el sector energético.

En la nueva versión del tratado, se abrió un espacio para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores mexicanos y la supervisión estadounidense de las mismas, así como algunas propuestas en defensa del medio ambiente. Así como la posibilidad de ampliar y profundizar las alianzas con los trabajadores de Estados Unidos y Canadá, como los avances que se tienen en la organización trinacional en defensa de los trabajadores de la educación.

Cirila Quintero, especialista en relaciones labores, afirma que “El 1 de julio de 2020 entró en vigencia la actualización del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Uno de los mayores logros que se han exaltado en este tratado ha sido la inclusión del capítulo 23, referente a los derechos laborales. El apartado refiere al compromiso, por parte de los tres países, para cumplir los preceptos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en torno a un trabajo digno, especialmente en cuanto a lo referente a la libertad de Asociación y Contratación Colectiva; la eliminación del trabajo forzado y del trabajo infantil, la no discriminación laboral y el pago de salario digno y el otorgamiento de condiciones laborales justas.”

El 1 de mayo de 2019, AMLO decretó la nueva Ley Federal del Trabajo, después del aumento significativo del salario mínimo decretado en diciembre de 2018, con un alza significativa en el norte del país, que pretende impulsar la libertad y la democratización sindical. Sin embargo, como sabemos los trabajadores, la democratización sindical no se decreta, se conquista, y es un largo, larguísimo proceso del movimiento obrero mexicano desde hace más de cincuenta años.

El aumento salarial de ese diciembre, alentó las huelgas en las maquiladoras de la frontera norte, particularmente Tamaulipas, que alcanzaron un aumento inédito en la lucha sindical, y avanzaron en la organización sindical independiente. Sin embargo, todavía para abril de este año, no se había logrado realizar el recuento para definir una organización legítima de los trabajadores en esa entidad.

Durante la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en este año, se retomó el tema laboral y se abrió paso a la posibilidad de vigilancia de los sindicatos estadounidenses de los procesos de democratización sindical en nuestro país. Particularmente a la AFL CIO, organización mayoritaria sindical estadounidense que ha planteado la revisión de la democratización sindical, vía recuento, en el sindicato automotriz en Silao, en mayo pasado.

Después de la gran crisis de 2008-2009, México se convirtió, dicen, en una potencia exportadora automotriz, lo que no dicen, es que en su mayor parte la exportación es de autopartes, de las autopartes más intensivas en fuerza de trabajo y de menor valor agregado: asientos y cables de trasmisión. En ellas trabajan alrededor de un millón de trabajadores.