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Por el tope y la falta de organización de los trabajadores
Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com En los últimos años se ha buscado recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, a fin de contener la pérdida de su poder adquisitivo. De 2011 a 2018 pasó de 62.33 a 88.36 pesos; apenas un incremento de menos de 26 pesos. El incremento real es mucho menor si se toma en cuenta la inflación. En lo que va del gobierno actual, llegó a 141.70, un aumento considerable, si bien insuficiente aun, después de décadas de pérdidas. Para el caso de los salarios contractuales, las cosas tampoco pintan bien. En el mismo periodo, los incrementos a los salarios contractuales estuvieron estancados entre 4.4% y 4.9%. Como respecto a los salarios mínimos, si se considera la inflación el aumento fue menor, entre 0.8% y 0.04, según el INEGI. A diferencia de los salarios mínimos que son determinados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, los salarios contractuales se determinan en negociaciones entre empresas y sindicatos, por lo que dependen de la situación de la rama de actividad, la posición de los patrones, el grado de organización y la capacidad negociadora y, en su caso de movilización, de los sindicatos. Al menos en teoría. La realidad, sin embargo, muestra que un factor que no se puede dejar de lado en la negociación de los salarios contractuales es la posición del gobierno. Ya desde los inicios del neoliberalismo se plantearon los llamados pactos que se expresaron en los llamados topes salariales, con compromisos del charrismo sindical para limitar los aumentos salariales a lo acordado en los pactos entre la trilogía charros, gobierno y patrones. El resultado: estancamiento de los salarios contractuales. Durante años, aunque formalmente ya no había pactos, la lucha del sindicalismo fue por romper los topes salariales y, cada vez más, por al menos alcanzarlos ante la actitud de los patrones por no conceder aumentos mayores y a veces ni los topes . A la política salarial de los sucesivos gobiernos, hay que agregar un trato cada vez más agresivo contra los sindicatos que incluyó una permanente campaña de desprestigio tendiente a minar la fuerza de los trabajadores con lo que los sindicatos quedaron como una de las formas de organización con mayor desprestigio a los ojos de la población y, no pocas veces, frente a sus propios afiliados. El charrismo jugó también un papel en esto. De esta manera, la fuerza de los sindicatos, uno de los principales factores para lograr una buena negociación salarial, disminuyó considerablemente. Con menor organización, menor membresía y en medio de ataques constantes, la lucha sindical, emplazamientos a huelga incluidos, ha disminuido. En el periodo a que nos referimos, se pasó de 6825 revisiones salariales con 12, 682 emplazamientos a huelga y un millón ochocientos ochenta mil trabajadores involucrados en 2010, a solo 6,214 revisiones, 5,672 emplazamientos a huelga y 2 millones doscientos treinta mil trabajadores involucrados en 2020. En 2021, con datos de enero a mayo, hubo 2,327 revisiones, mil 174 emplazamientos a huelga y 870 mil trabajadores involucrados. Mientras en 2010 hubo 11 huelgas estalladas, en 2020 fueron 9 y en 2020 sólo 2. Cabe aclarar que se trata de procesos en el ámbito federal y que, en el pasado, hubo una cantidad importante de huelgas que no fueron reconocidas como tales por los gobiernos en turno, en aras de aparentar una paz laboral lejana de la realidad. Huelgas como las de la sección 271 del sindicato minero, o las realizadas en centros de investigación como el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo o en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, simplemente no existieron para las autoridades laborales. Otro aspecto que no se puede descartar en este tema es el de los contratos y el sindicalismo de protección. El escaso número de revisiones, emplazamientos a huelga y huelgas estalladas, seguramente tiene que ver también con los contratos que existen solo en las componendas entre patrones y sindicatos de simulación. El gobierno anterior decía que no existían los contratos de protección. La reforma laboral abrió espacios para terminar con ellos. Lo que sigue es que los trabajadores actúen para tener organizaciones genuinas, que los gobiernos respeten las organizaciones y que los mecanismos para garantizar los derechos laborales funcionen. Nada más.
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