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Año 13. No. 707. del 21 al 28 de julio 2019
Premio de Comunicación Alternativa

PÁGINA SOLIDARIA

En solidaridad publicamos textualmente

En Coahuila

APRUEBAN SANCIONAR PENALMENTE A QUIEN HAGA FIRMAR A TRABAJADORES RENUNCIAS EN BLANCO

El 17 de julio de 2019 se publicó en la gaceta parlamentaria de la Cámara un exhorto del Congreso de Coahuila para solicitar a los diputados federales a realizar reformas legales para tipificar como delito penal federal cuando los patrones u otras personas obliguen a los trabajadores a firmar renuncias anticipadas, en blanco o cualquier otro documento que implique la renuncia a los derechos laborales. Pese a que al día siguiente hubo sesión extraordinaria no se incluyó este punto para discusión ni aprobación, solamente se aprobó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador del nombramiento de Arturo Herrera, ex funcionario del Banco Mundial, como secretario de Hacienda y Crédito Público. Este tema que interesa a los trabajadores quedó para la posteridad.

A continuación se publica textualmente la exposición de motivos:

 

El 18 de junio de este año, (2019 n.d.e.) el pleno del Congreso del Estado de Coahuila aprobó una iniciativa de reforma al artículo 406 del Código Penal, con el objeto de sancionar penalmente a cualquier persona que obligue a los trabajadores a firmar documentos en blanco o de cualquier otro tipo, que impliquen renuncia de los derechos del trabajador, o le imponga obligaciones a éste, con el fin menoscabarlos o anularlos.

Como todos sabemos, el hacer a los empleados firmar sus renuncias por anticipado o en blanco, es una práctica común en nuestro país; en muchos casos se le solicita a la persona firmar su renuncia desde el mismo momento en que recibe el contrato para entrar a trabajar; en otros cuando cumple cierto tiempo en la empresa o bien, cuando se le quiere despedir sin que exista causa justificada y se pretende no pagar de forma completa la indemnización a la que tiene derecho.

Esta situación es a todas luces ilegal y abusiva, ya que priva al trabajador de los derechos que le corresponden, generando en él un clima de inseguridad laboral permanente, así como un sentimiento de impotencia e indefensión para el trabajador que pierde su sustento y su estabilidad económica.

Si bien es cierto que en la actualidad la Ley Federal del Trabajo sostiene que “será nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé”, también lo es que la norma actual no establece sanciones adecuadas que desalienten esta práctica, generando con ello altos índices de impunidad y una débil protección de los trabajadores.

Cabe mencionar que, en el Congreso de la Unión, ya existen desde 2014, propuestas legislativas que buscan penalizar este tipo de acciones, sin embargo las mismas siguen pendientes de dictaminar, por lo que es necesario solicitar a nuestros homólogos federales a que realicen las acciones pertinentes para que estas reformas entren en vigor.

Como autoridades, debemos garantizar un marco normativo que permita a los trabajadores acceder y permanecer en sus empleos de forma digna, evitando la precariedad y la inseguridad de la relación laboral, así como los abusos que puedan derivar de la misma.

Nuestra entidad se ha caracterizado en los últimos años por los avances legales en materia de derechos humanos, con la reforma aprobada el 18 de junio pasado, seguimos a la vanguardia en materia de protección de los grupos en situación de vulnerabilidad como son las y los trabajadores; sin embargo, este sólo es un primer paso para lograr leyes más protectoras en todo el país.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracciones VI y VII; 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar ante este honorable Congreso del Estado, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.  Se exhorta respetuosamente a las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión así como a las legislaturas locales a realizar las adecuaciones legales conducentes para sancionar a los patrones u otras personas que obliguen a los trabajadores a firmar renuncias anticipadas, en blanco o cualquier otro documento que implique la renuncia a los derechos laborales.

Salón de sesiones del Congreso del Estado, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 2 de julio de 2019.

Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda (rúbrica)

(Remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Julio 10 de 2019.)

 

 
   
 
 

 
 
 
 
 

 

Año 13. No. 707. del 21 al 28 de julio 2019
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