Lo bueno, lo malo y lo feo de la iniciativa presidencial

LA REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO BORRA DE LA CONSTITUCIÓN QUE "EN ESTA MATERIA NO SE OTORGARAN CONCESIONES"

*Lo feo: esa parte de la nacionalización eléctrica había sobrevivido y ni los neoliberales la borraron.

*Lo bueno: restituye la generación, conducción y transformación eléctrica para la nación y nacionaliza el litio.

*Lo malo: permite a privados hasta 46% de la generación y venderla a CFE...pero se contradice al dictar que se cancelarán contratos y permisos.

*Cambió el tema del petróleo y de otros hidrocarburos a un nuevo inciso, pero dejó intacta la redacción privatizadora y neoliberal de 2013.

Por María de Lourdes Martínez González

Periodistas y Conductora de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

La iniciativa de reforma constitucional a distintas fracciones de los artículos 25,27 y 28 que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo dicta preceptos para que continúen los contratos y permisos para la generación eléctrica con empresas privadas nacionales y extranjeras, hasta en 46% de los requerimientos nacionales, y su venta a Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino que borra de la constitución que "en esta materia no se otorgaran concesiones",  que es parte del texto original de la nacionalización eléctrica de 1960 que ni los neoliberales borraron. Esto es lo más feo.

En una análisis comparativo palabra por palabra de los cambios que propone el presidente López Obrador, con la reforma privatizadora neoliberal que entró en vigor en diciembre de 2013 y con las nacionalizadoras del sector petrolero de 1940 y la del sector eléctrico de 1960, así como con la constitución de 1917, encontré -desde una perspectiva nacionalista- lo que a mi parecer es lo bueno, lo malo y lo feo de la propuesta de reforma a distintos artículo y adiciones de los artículos 25 27 y 28 constitucionales de AMLO:

Lo malo: con los cambios que propone AMLO, continúa la privatización -aunque con restricciones- y hay contradicciones que prohiben en en algunos párrafos, lo permitido en otros.

Por ejemplo, en el artículo 27, fracción 6ª. propone restituir que "generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica" son actividades estratégicas exclusivas de la nación, lo cual es muy bueno, sin embargo en el art. 28 nuevo párrafo 7 se permite a privados generar hasta 46% de la electricidad y su venta al Estado, y, luego se vuelve a contradecir en el art. 2do. transitorio, en donde dicta que se cancelarán contratos y permisos. Todo lo cual provoca flexibilidad para quitar y dar contratos a conveniencia del funcionario en turno.

Lo bueno: también es lo nuevo de la propuesta que envió el mandatario mexicano, el 01 de octubre de 2021 a la Cámara de Diputados, es que cataloga a la electricidad como área estratégica de la nación, añade al litio como reserva exclusiva del Estado y suscribe que se usarán recursos naturales para desarrollar esta actividad.

Restituye una parte del texto original de la nacionalización eléctrica, pero sólo respecto a "generar, conducir y transformar" energía eléctrica, pues con la reforma de 2013 eso lo eliminaron los neoliberales para privatizarlo, si bien, reservaron para el Estado distribuir y abastecer ese fluido.

Lo malo y hasta terrible: desecha la parte del texto nacionalizador original de 1960, inscrito por el presidente Adolfo López Mateos, que dicta que "en esta materia (eléctrica) no se otorgaran concesiones", lo cual está vigente todavía y ni los neoliberales se atrevieron a borrarlo.

Lo feo: entra en contradicción con los principios nacionalizadores al proponer borrar del artículo 27 constitucional AMLO que en materia eléctrica "no se otorgaran concesiones", pues da pie para que se den concesiones privadas.

La reforma constitucional de AMLO deja intacta la reforma privatizadora de 2013 en materia de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. El único cambio que plantea es cambiar ese tema del párrafo 6 del artículo 27 constitucional, para transcribirlo tal cual como lo aprobaron los neoliberales, en un nuevo párrafo 8 que propone crear en ese mismo artículo.

En el nuevo párrafo 8 del artículo 27 constitucional la propuesta del presidente López Obrador mantiene intacta la asignación de contratos de extracción y explotación de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos con la iniciativa privada “para obtener ingresos para el Estado”, que se aprobó durante la reforma energética privatizadora que impulso Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2013.

Por estas razones no se puede calificar esta propuesta del presidente López Obrador como una reforma energética y, mucho menos, afirmar que es nacionalizadora.

Lo peor: cabe señalar que esta reforma eléctrica del presidente López Obrador no rescata la demanda social de establecer una tarifa social y justa, de la reinserción laboral de los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas que no se han liquidado y siguen luchando por la restitución de sus derechos laborales, desde el 11 de octubre de 2009, tras la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro por decreto del panista ex presidente Felipe Calderón, lo cual es un compromiso por escrito de la campaña presidencial de AMLO.

Como mexicana, periodista y Maestra en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, me sumé activamente al rechazo de los cambios constitucionales para la privatización energética que impulsaron desde 1992, de 2008 y de 2013 los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

También he apoyado con mi labor periodística todo lo que restituya la soberanía del Estado y la nacionalización del sector energético mexicano, porque su venta significa el empobrecimiento del país.

Bajo esa perspectiva hice la siguiente lista de lo bueno, lo malo y lo feo de la iniciativa presidencial de 2021 de AMLO, que puede ser más amplia o más estrecha, dependiendo del cristal con el que se mire, pero con mi propia lente observé lo siguiente:

Artículo 25 Constitucional nuevo párrafo 7:

LO BUENO: Establece que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición indispensable para para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida.

LO MALO: No tomó en cuenta la demanda de grupos sociales que se han manifestado desde 2013, para inscribir al servicio eléctrico como un derecho humano y la tarifa eléctrica social y justa.

LO FEO: No inscribió la restitución de la fuente de empleo de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, pese a que fue una de sus promesas de campaña presidencial.

Artículo 27 Constitucional, párrafo 6:

LO BUENO  :

1) Incorpora al Litio como mineral estratégico y no se otorgarán concesiones para éste y demás minerales estratégicos.

2) Restituye -con algunos cambios- la parte del texto original de la nacionalización de la industria eléctrica, que inscribió Adolfo López Mateos y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1960, a saber “…Corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica.” Quitó la limitante de que sólo se restringiera la soberanía del Estado al servicio público.

El texto original de la nacionalización eléctrica en el artículo 27, párrafo 6 señalaba textualmente:

“…Corresponde exclusivamente a la nación conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines…”

Con la reforma energética de 2013 los neoliberales borraron “generar, conducir, transformar, y abastecer energía eléctrica”, para dejar sólo en la rectoría del Estado “…la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica” y el resto permitieron la concesión a los privados.

3) La reforma del presidente López Obrador también propone eliminar otra parte de ese párrafo que añadieron los neoliberales y que desató la privatización el sector eléctrico el cual dicta: “sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.” Esta redacción se adicionó en la reforma de diciembre 2013 a la fracción 6 del art. 27 constitucional.

4) AMLO mantiene intacto que no se otorgarán concesiones, en materia de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos en el subsuelo y que la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Esto lo pongo como algo bueno, pero en “LO MALO” muestro a detalle que dejó intacta la redacción que hicieron los neoliberales en la reforma de diciembre de 2013, que sólo hizo cambios de forma y no de fondo, por lo que persiste la privatización y limita esta propiedad de la nación a lo que se encuentra en el subsuelo.

LO MALO  :

1) En el párrafo 6 del artículo 27 constitucional no restituyó, dejó fuera, otra parte esencial del texto original de la nacionalización eléctrica de 1960, que ni los neoliberales borraron en 2013 y que ordena que en materia de generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica para la prestación del servicio público "no se darán concesiones a los particulares".

Los neoliberales en 2013 mantuvieron la leyenda “no se darán concesiones” (le borraron a los particulares) pero sólo se referían a la transmisión y distribución de la energía eléctrica, el resto de actividades en el sector quedaba abierto a la concesión a privados, pero AMLO empeora la situación pues borra definitivamente para todas las actividades eléctricas la inscripción “no se darán concesiones”.

LO FEO:

1) En el nuevo párrafo 8 del artículo 27 constitucional la propuesta del presidente López Obrador mantiene intacta la asignación de contratos de extracción y explotación de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos con la iniciativa privada “para obtener ingresos para el Estado”, que se aprobó durante la reforma energética privatizadora que impulso Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2013. Y mantiene la limitación de la propiedad inalienable e imprescriptible de la nación al petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo, en la que “no se otorgarán concesiones ”.

2) Los únicos 2 cambios que propone el presidente López Obrador en materia de petróleo y demás hidrocarburos sólidos líquidos o gaseosos, son de forma, no de fondo ni abaten la privatización del sector. Uno es cambiar la definición de “empresas productivas del Estado” por “organismos del Estado”.

El otro cambio de forma es sacar lo relativo a la materia de petróleo e hidrocarburos del párrafo 6 del artículo 27 constitucional, para trasladarlo al párrafo 8.

2) La reforma energética de AMLO no restituye los texto originales de la nacionalización petrolera que borraron los neoliberales y que impulsaron los ex presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, los que publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940 y el 6 de enero de 1960, respectivamente , y a partir de esa última fecha apareció así en el artículo 27 párrafo 6: “… tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones ni contratos ni subsistirán los que se hayan otorgado y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos…”

ARTÍCULO 28

*LO MALO: permite a privados hasta 46% de la generación eléctrica que requiere la nación y señala que CFE podrá comparles esa energía en el art. 28 const. nuevo párr.7.

*LO FEO: el art. 28 nuevo párrafo 7, se contradice en con el art. 2do. transitorio que ordena cancelar contratos y permisos de generación y compraventa de electricidad, otorgados hasta el momento o, bien, se pretende quitar los que hay actualmente, para reasignarlos a conveniencia de los intereses políticos del o los funcionarios en turno.