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Por lo menos faltan 1.7 millones en ser dados de alta con derechos laborales SÓLO 2.7 MILLONES DE TRABAJADORES EN OUTSOURCING FUERON RECONOCIDOS DE MÁS DE 4.7 MILLONES QUE ENCONTRÓ EL INEGI *Hay una cifra negra de estas empresas dedicadas a evadir el pago de derechos a los trabadores. *La sociedad debe denunciarlas, para combatir ese sistema de sobexplotación laboral.
Por María de Lourdes Martínez González Periodistas y Conductora de Frecuencia Laboral Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com Sólo 2.7 millones de trabajadores fueron reconocidos formalmente por 60 mil subcontratistas de trabajos especializados -outsourcing- que cumplieron con la obligación legal de registrarse oficialmente, de acuerdo a lo que informó titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca. Faltarian cuando menos otros 1.7 millones de personas subcontratadas en ser reconocidas para el otorgamiento de todos sus derechos laborales, de acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Alfonso Bouzas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opinó que realmente se desconoce cuántas subcontratistas u outsourcing más quedaron en la clandestinidad y seguirán evadiendo sus obligaciones patronales, igual que no se sabe cuántos trabajadores tienen bajo su control, por lo que conminó a la sociedad a denunciar a esas empresa que utilizan a otras para colocar trabajadores sin pago de salarios dignos ni prestaciones, sin ser registrados ante el seguro social, con jornadas laborales de más de 8 horas y que se quedan con una parte de su ingreso. Faltarían de ser reconocidos ante las autoridades correspondientes, con derechos plenos, por lo menos un millón 715 mil trabajadores más que están bajo el sistema de outsourcing sin derechos laborales, pues de acuerdo al Censo Económico 2019 sobre "Personal ocupado subcontratado en las unidades económicas outsourcing", que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se encontró ocupados mediante empresas subcontratistas a 4 millones 685 mil 356 personas, practicamente en todos los sectores productivos. También se registraron oficialmente 427 agencias colocadoras de empleo, 77% de ellas con fines lucrativos, es decir, cobran por sus servicios. El 01 de agosto de 2021 concluyó el plazo que otorgó la reforma a Ley Federal del Trabajo -fecha que se prorrogó al 01 de septiembre- para que desaparecieran las empresas subcontratistas u outourcing que se crearon para realizar la labor principal de una empresa, con el propósito de evadir las obligaciones patronales que marcan las normas mexicanas para con los trabajadores y para con el fisco, simulando que son trabajadores de otra compañía. Este tipo de outsourcin o subcontratistas están prohibidas de acuerdo al artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo y en su lugar se aceptaron las empresas o agencias colocadoras de empleo, de que se registraran oficialmente. Hasta el 01 de septiembre se registraron 427 y 77% de ellas con fines lucrativos, es decir, cobran por sus servicios. Sin embargo, en el artículo 13 de la ley laboral se autorizó a las empresas subcontratistas, outsourcing, de servicios especializados, que fueron las 60 mil que se registraron, más otras 20 mil que están en proceso, de acuerdo a los datos que brindó el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca. ((Leer noticia relacionada: PROHIBEN LAS OUTSOURCING...PERO LAS AUTORIZAN liga: http://www.frecuencialaboral.com/OUTSOURCINGlasPROHIBENylasAUTORIZAN2021.html). El investigador universitario Alfonso Bouzas, dijo que con la reforma laboral en materia de outsourcing, que entró en vigor en el 24 abril de 2021, se avanzó en sentar las bases legales para frenar a la simulación patronal. , pero los empresarios siempre buscarán formas de evadir la ley, porque sobrevivimos en el sistema capitalista, en donde la riqueza de unos se basa en la explotación de otros y en el despojo, lo cual sólo podrá combatirse mediante la vigilancia y denuncia de los trabajadores, de las organizaciones sidicales y laborales, así como con la inspección y sanción de parte de las propias autoridades.
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