PREPARAN NUEVA LEY GENERAL DE HUMANIDADES CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

En reunión del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, en diciembre de 2020, se dio a conocer el anteproyecto de Ley general de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Entonces se dijo que para su elaboración se consultó entre 2019 y 2020 a la comunidad científica mediante 287 foros, conversatorios y mesas de diálogo y se recibieron 277 propuestas en una plataforma lanzada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 178 cuestionarios respondidos por investigadoras e investigadores destacados, entre otros.

La ley en la que se trabaja sustituiría a las leyes de Ciencia y Tecnología aprobada en 2002 y Orgánica de CONACYT . El actual anteproyecto se dio a conocer casi dos años después de la presentación en la Cámara de Senadores de una iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que no tuvo mayor trascendencia. Hubo otros proyectos para modificar la ley vigente, que se presentaron hacia el final del sexenio anterior, más para tratar de continuar las políticas de los gobiernos recientes en la materia, que para proponer algo novedoso. Algunas de las propuestas que se han presentado a las cámaras, proponen meros cambios cosméticos.

El anteproyecto en que ahora se trabaja consta de siete títulos. En los primeros dos aborda el derecho humano a la ciencia y la política de estado. El tercero define la integración, distribución de competencias y autoridades del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

El título cuarto está dedicado a las autoridades federales involucradas en los campos que abarca la ley, mientras el quinto se refiere al Sistema Nacional de Centros Públicos de investigación. En el titulo sexto se aborda lo relacionado con los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo, lo que incluye temas tan polémicos como las becas, reconocimientos y estímulos, y finalmente el titulo sexto está referido al Sistema Nacional de Información.

Los primeros títulos definen los objetivos de la ley y la política del estado en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Se señala que estas actividades son necesarias para fortalecer la soberanía nacional, lograr el desarrollo integral del país y alcanzar el bienestar de todas las personas. Sobre la ley, tratándose de una ley general, se establece que su aplicación corresponde a la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Se dice que se busca establecer las bases que permitan al Estado garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia, incluido el de gozar de los beneficios del desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación.

El anteproyecto señala que el estado mexicano asume el compromiso de fomentar, realizar y apoyar el avance del conocimiento universal, el desarrollo de las humanidades y las ciencias, así como la investigación de frontera en todas las áreas y campos del saber, garantizando la libertad de investigación.

Sobre la política de estado se dice que garantizará el derecho humano a la ciencia y tendrá como objetivo general impulsar el avance del conocimiento y fortalecer la soberanía nacional, así como contribuir al desarrollo integral del país y al bienestar del pueblo de México; buscará reducir las desigualdades sociales y económicas en las distintas regiones del país, así como contribuir al cuidado y restauración del ambiente. Agrega que en su diseño e implementación se incluirá la perspectiva de género y se basarán en un enfoque intercultural de territorialidades y derechos humanos, con responsabilidad ética, social y ambiental.

Entre los objetivos particulares se señala el fomento de la investigación humanística y científica de frontera que contribuya al avance del conocimiento, así como aquella orientada a diagnosticar y proponer acciones y medidas para la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales y promover la renovación de las fuerzas productivas nacionales y los emprendimientos tecnológicos y de innovación para el bienestar social y el fortalecimiento de las empresas públicas. Todo, en un marco que denomina Agenda de Estado.

Se propone promover la constitución de empresas públicas y de participación mixta de base científica y tecnológica, con el propósito de apuntalar la rectoría económica del Estado mexicano e impulsar el desarrollo regional del país, alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica de México.

Se dice que se reivindicará el uso de las lenguas indígenas en todos los ámbitos de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, promoverá mejoras normativas para la adecuada protección de todas las formas del conocimiento y los derechos de propiedad intelectual, favoreciendo siempre el interés público nacional y con criterios que permitan una distribución adecuada de los recursos públicos, así como su uso óptimo y transparente.

El anteproyecto enfatiza en los temas que el gobierno federal ha definido como prioritarios y en el papel del estado en los sectores de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. No incluye organismos que están en la ley vigente, como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y plantea tareas para cada nivel del estado. Ya se han hecho algunas críticas al proyecto, que señalan el carácter centralista del mismo y alertan sobre el riesgo que -dicen- corre la libertad de investigación por la insistencia en los temas que se definen desde las políticas gubernamentales.

El anteproyecto define al sistema nacional de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que estará integrado por el Consejo de Estado para la Investigación Humanística y Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación , el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, tecnología e Innovación, que sustituiría al actual CONACyT, la Secretaría de Educación Púbica y otras dependencias que fomenten, realicen o apoyen actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación y las autoridades en la materia de los estados y municipios. También formarían parte de él, asociaciones, sociedades, empresas y fundaciones de los sectores social y privado que fomenten o realicen actividades en la materia, así como grupos, laboratorios, centros y redes de investigación y, por supuesto, los Centros Públicos de Investigación y las universidades e instituciones de educación superior. Las personas físicas o morales, organizaciones y comunidades que realicen actividades en la materia y las que promuevan el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales o reciban recursos para tales actividades, estarían comprendidas asimismo como parte del sistema.

El Consejo de Estado para la Investigación Humanística y Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación será la máxima autoridad en la materia y estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá, el Director General del Consejo Nacional, quien tendrá su coordinación ejecutiva, los titulares de las Secretarías de Estado del gobierno y un representante de los gobiernos de las entidades federativas por cada una de las regiones que establezca el Consejo Nacional, el cual será la entidad del Gobierno Federal responsable de la política nacional en la materia. No hay en este organismo representación alguna de quienes hacen la investigación, de quienes desde los laboratorios, cubículos y aulas hacen posible que en México se hagan ciencia y tecnología.

Se aclara que los integrantes del Consejo de Estado y cualquier otro que intervenga en sus sesiones participarán de manera honorífica, por lo que no recibirán remuneración alguna por el desempeño de sus funciones. En el mismo caso estarían los integrantes del organismo consultivo del consejo nacional que tomaría el lugar del actual CONACyT.

Otra crítica que se ha planteado es la ausencia de definiciones con respecto al presupuesto que se destinará a estas actividades. Al respecto, aunque la ley vigente establece que el presupuesto a ciencia y tecnología debe ser equivalente a 8% del producto interno bruto, esto nunca se ha cumplido. Al respecto, el proyecto señala que e l Estado apoyará la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, para lo cual proveerá de recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados. Se dice también que la Federación y las entidades federativas tendrán la obligación de concurrir al financiamiento de estas actividades y que se promoverá la concurrencia de los sectores social y privado al gasto nacional en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

En lo que respecta a los Centros Públicos de Investigación, el anteproyecto destina a su definición, características y funcionamiento, un título con 29 artículos; 12 más que la ley vigente, que señala que debe haber una Ley Orgánica para estos centros, misma que nunca fue elaborada. El anteproyecto se refiere a estos centros no de manera aislada sino como un sistema nacional. Se introduce una forma novedosa que es la asamblea, señalando que las Asambleas del Personal Científico y Tecnológico de los Centros Públicos se integrarán por todas y todos los humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores adscritos al Centro Público de que se trate y sus decisiones se tomarán por mayoría simple de las y los asistentes presentes.

En el tema de los centros públicos, se sabe que CONACyT ha escuchado a los sindicatos y a la federación de trabajadores de los centros públicos de investigación quienes han manifestado sus puntos de vista y propuestas. Con relación al presupuesto de estas instituciones, se señala que éste es público y se conforma por recursos fiscales, recursos autogenerados y recursos en administración. Los recursos fiscales -dice el anteproyecto- deberán ser suficientes para asegurar la operación de los Centros Públicos, así como la realización de sus actividades sustantivas.

Uno de los temas que más polémica han generado en el mundo de la ciencia es el de los recursos para apoyo y estímulos. A éste se dedica el título sexto del anteproyecto. Al respecto, se dice que l as becas, estímulos y demás apoyos de carácter económico se otorgarán de buena fe, atendiendo a los requisitos, términos, condiciones y procedimientos que resulten estrictamente necesarios y que deben ser congruentes con los principios, objetivos y elementos de la política de Estado.

Se establecen los criterios generales y mecanismos para otorgar becas, apoyos y estímulos, los requisitos a cumplir y formas de selección de beneficiarios. Se incluye en este título al Sistema Nacional de Investigadores y lo relacionado con la integración y funcionamiento del mismo, su relación con la Agenda de Estado y la responsabilidad de sus beneficiarios de retribuir a la sociedad, con su actividad profesional, docente, de investigación, desarrollo tecnológico, innovación u otras asociadas, los apoyos otorgados por el Estado mexicano, en los términos del Reglamento del Sistema Nacional de Humanistas, Científicos, Tecnólogos e Innovadores.

Este título incluye además las condiciones para que el Gobierno Federal fomente que el sector privado realice en el país actividades directamente vinculadas con la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, preferentemente a través de estímulos fiscales, exenciones y otros instrumentos similares. Plantea que los estímulos y exenciones que se establezcan, deberán contribuir al cumplimiento de la política de Estado.

Finalmente, se señala en el último titulo que el Sistema Nacional de Información tendrá como propósito garantizar la implementación de una política integral de ciencia abierta con un Sistema Nacional accesible al público en general

En lo que respecta a los temas laborales, el anteproyecto establece en el caso del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que el Director General fijará las condiciones generales de trabajo y que sus trabajadores estarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que no se afectarán los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del Consejo Nacional o de los Centros Públicos.

A pesar de que se dice que en la elaboración de este anteproyecto hubo una amplia participación, la importancia de los temas debe dar lugar a una participación abierta de la sociedad. En los centros de investigación, organizaciones de trabajadores del conocimiento y referentes del movimiento social, poco se sabe al respecto. Es importante que los involucrados conozcan el proyecto y se escuchen y tomen en cuenta sus propuestas y opiniones.

El riesgo es que esto se haga mediante los ya conocidos parlamentos abiertos, en los que hasta el momento se ha dado participación preferente a patrones y funcionarios y se ha simulado escuchar a los trabajadores y sus organizaciones, en intervenciones de tres o cinco minutos. La política científica de un país requiere más que eso.

guillen.s.carlos@gmail.com