La reforma para crear el INSABIN exluye a trabajadores con seguridad social

LES QUITA EL DERECHO A RECIBIR MEDICINAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD GRATUITOS

*En cambio el gobierno obliga a trabajadores a pagar con sus cuotas la atención gratuita de 13 millones en el programa IMSS-Bienestar.

Por María de Lourdes Martínez González

Periodistas y Conductora de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

El derecho a la salud para todos los mexicanos dejará de estar garantizado en caso de aprobarse la reforma que presentó el coordinador de los diputados federales del partido MORENA, Mario Delgado, para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABIN), pues propone que el derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud y medicamentos asociados, sea exclusivamente para quienes sean residentes del país (entre quienes se cuenta a extranjeros) sin seguridad social.

Lo anterior la convierte en una reforma inconstitucional, excluyente y discriminatoria, pues implica que 63 millones de mexicanos que están inscritos en alguna institución de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esta iniciativa se publicó en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados, el 8 de julio de 2019, está pendiente de aprobación y, aunque, ya se realizaron audiencias públicas entre el 7 y 8 de agosto del mismo año no fueron invitados trabajadores como ponentes.

Cabe recordar que la seguridad social es el derecho de los trabajadores asalariados mexicanos -y de quien se afilie voluntariamente- a gozar de la atención integral a la salud (desde preventiva hasta de alta especialización médica-hospitalaria y rehabilitatoria), a la dotación de medicinas, pero no es todo, incluye servicios y prestaciones que elevan la calidad de vida, como es la vivienda, la educación para el trabajo, el deporte, la cultura y el goce de pensiones para garantizar el sustento en caso de enfermedad general y maternidad, invalidez riesgo de trabajo, vejez y cesantía en edad avanzada, pero se paga una parte del salario a lo largo de la vida laboral.

Este sector con seguridad social, actualmente, tiene la opción de ser atendido por la Secretaría de Salud y los Institutos de Especialidades que están bajo su mando, pagando las cuotas establecidas, pero ya no tendrán esa posibilidad si se aprueba la reforma para crear el nuevo instituto que propuso el presidente López Obrador, pero sí podrán hacerlo residentes en el país sin seguridad social, entre quienes se cuentan extranjeros, por ejemplo.

En la iniciativa del coordinador de la fracción parlamentaria de MORENA, en la Cámara de Diputados, Mario Delgado se reforman diversos artículos de la Ley de Salud que rige a la secretaría del mismo nombre, tiene la virtud de garantizar la gratuidad en la atención a la salud y la dotación de medicinas, pero borrar la palabra mexicanos del actual artículo 77 bis 1, vigente todavía, misma que dice textualmente:

"Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social".

En su lugar se plantea la siguiente redacción: "Artículo 77 Bis 1.  Todas las personas residentes en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud y medicamentos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

En cambio el gobierno federal, desde 1973, con una reforma a la Ley del IMSS, ha solventado su obligación de brindar salud a la población, en esa institución de seguridad social. Sin pagar y sin ser derechohabientes, a los mexicanos que habitan en zonas rurales y rurales-urbanas en situación de extrema pobreza, se les atiende como un servicio de solidaridad. La administración federal en turno tendría -por ley- que solventar el costo, pero durante años no lo ha hecho.

Eso implica que, desde hace 46 años, el gobierno federal ha usando los recursos que aportan los trabajadores con empleo formal, que son parte de su salario, para mantener las instalaciones, médicos, enfermeras y medicinas en esa institución de seguridad social, con el objetivo de dar servicio de atención a la salud de la población en extrema pobreza, sin seguridad social.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fueron canalizadas 13 millones de personas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, de acuerdo a lo que él mismo anunció en enero de 2019, muchas de las cuales no cubren el requisito de encontrarse en áreas rurales o rurales-urbanas ni de estar en extrema pobreza.

Suman más de la mitad de los casi 20 millones de trabajadores asalariados que pagan cuota. Es decir, el IMSS está cargando un peso social obeso, que la desfinancia, cuyo costo es obligación del gobierno federal cubrir, como marca la constitución mexicana y la ley de este organismo. (Leer noticia relacionada: LE CARGAN AL IMSS 13 MILLONES DE BENEFICIARIOS MÁS link: http://www.frecuencialaboral.com/IMSSlecargampeso13millonesmas2019.html).

Este programa de solidaridad social del IMSS, para no derechohabientes, originalmente se llamó "IMSS-Coplamar". Carlos Salinas de Gortari, ex presidente, le llamó "IMSS-Solidaridad", los ex presidentes panistas le llamaron "IMSS-Oportunidades" y, actualmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador le cambió a "IMSS-Bienestar".

La Secretaría de Salud y sus institutos de especialidades, son el mecanismo por el cual se garantiza el artículo cuarto constitucional que establece que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud", pero ese derecho humano se pone en riesgo, en caso de aprobarse la iniciativa de Mario Delgado para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que en su lugar, ese derecho humano constitucional será exclusivamente para quienes no gocen de seguridad social y residentes del país (entre quienes se cuentan extranjeros).