PÁGINA SOLIDARIA

En solidaridad publicamos textualmente:

Ante el desastre económico que vive el país y la situación de emergencia nacional

CONVOCATORIA CONJUNTA A LA UNIDAD DE ACCIÓN ANTE LA CRISIS SOCIAL, ECONÓMICA, POLÍTICA Y DE SEGURIDAD.

Dia de publicación: 2020-07-28

A los tres Poderes de la Unión:
A los tres Órdenes de Gobierno:
Al pueblo de México:

Las organizaciones sociales que participamos en este esfuerzo unitario, coincidimos, en que la combinación de la emergencia sanitaria con la crisis multidimensional que venía arrastrando el país desde hace décadas, hace más urgente la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que logre el crecimiento económico con inclusión, justicia y equidad.

Nos encontramos ante la mayor crisis que México haya afrontado en muchas décadas, se está profundizando la exclusión social, la incapacidad de la economía para crecer y brindar bienestar y la inseguridad con la violencia imponen el terror en el País. Los intereses que se beneficiaron de un sistema corrupto e ineficiente, presionan para mantener sus privilegios. Esta dinámica regresiva está debilitando la gobernabilidad y empuja al colapso institucional y alimenta la confrontación. Con el objetivo de contribuir a detener esta peligrosa tendencia y con el propósito de transformar las actuales condiciones para que haya prosperidad para todas y todos los mexicanos, es que nos organizamos y unimos diferentes experiencias, democráticas, progresistas y de izquierda, para avanzar en la construcción de un nuevo pacto, que tenga la justicia, la libertad, la democracia, la seguridad humana y la dignidad como premisas.

Aunque la crisis está afectando a toda la sociedad, son los trabajadores del campo y la ciudad quienes sufren sus más graves consecuencias. Millones de personas del sector social de la economía y quienes subsisten en la economía informal o el autoempleo son el más claro ejemplo de lo anterior. La crisis ha traído consigo una importante pérdida de empleos que se suma a la acelerada precarización del trabajo; la sobreexplotación de diversos sectores de trabajadores como los Jornaleros agrícolas y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios han generado un marcado desequilibrio entre los factores de la producción, marco dentro del cual se han desarrollado diversas modalidades de subcontratación y tercerización que destruyen la estabilidad en el empleo y evitan que existan salarios dignos.

En la sociedad rural, los productores pequeños, medianos, excedentarios y sectores de la agro exportación, tanto campesinos, indígenas y empresarios, hemos enfrentado intereses de capitales nacionales e internacionales, que socavan la propiedad social y el ejido, atentando contra los derechos de las comunidades del campo, impactando en los sectores y sistemas productivos, en la búsqueda por controlar los territorios, la producción y el trabajo, atentando contra los derechos del conjunto de los actores de la sociedad rural. En paralelo, se produce la exclusión de nuestras formas diversas de organización rural, en el diseño y aplicación de las políticas públicas, la existencia de programas productivos presupuestalmente insuficientes, frente a la fuerte, desequilibrada y desleal competencia internacional, así como de los altos costos, lo que aunado a la pandemia sanitaria y el cambio climático global, ponen en jaque el derecho de los mexicanos a una alimentación sana, suficiente y con dignidad.

La reducción de la desigualdad y la pobreza, a partir de un reparto más equitativo del ingreso y de la riqueza, es posible si se restituye la rectoría económica del Estado con trasparencia, rendición de cuentas y orientación social. Estamos convencidos de que sólo de esta manera se pueden generar las condiciones apropiadas para erradicar la corrupción pública y privada, ampliar las acciones para garantizar la igualdad sustantiva, combatir la discriminación, impulsar el cuidado del medio ambiente y restablecer la paz en todo el país en el marco del respeto pleno a los Derechos Humanos.
La problemática medio ambiental es desde luego amplia, como el reto que tenemos ante el cambio climático, las energías limpias y la protección de nuestros ecosistemas. Desde muchos años atrás, la grave destrucción de la naturaleza y culturas ancestrales tiende a agudizarse; muestra de ello es la entrega de nuestros territorios y nuestra agua a los grandes capitales, que tiene, entre otras consecuencias, la pérdida del derecho humano al agua, así como del derecho a la energía. La crisis del agua que enfrentamos es producto también del ejercicio discrecional de las autoridades y ha sido alentada por las leyes actuales. De la misma forma, la problemática asociada con la energía en el corto plazo, con toda seguridad representará parte de los desafíos en materia energética sobre la producción, la logística de distribución y almacenamiento.

En el caso de las mujeres, cuya situación ya era grave antes de la pandemia por el incremento de los feminicidios y las desapariciones forzadas, es notorio el recrudecimiento de la violencia familiar durante el confinamiento, lo que se refleja en el aumento de las cargas relacionadas con las tareas domésticas y el cuidado de los niños, así como en la constante violencia patriarcal. Esta situación ha llevado a cientos de miles de mujeres a protestar contra los feminicidios y la sistemática pérdida y ausencia de derechos.

Para que nuestro proyecto de nación avance, es necesario fortalecer la democracia, asumiendo las acciones necesarias para lograr la paz en todo el país sin menoscabo de los derechos humanos de la población. Otro componente de la democratización de la vida nacional es la participación política de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas y proyectos específicos con la visión de las comunidades y sectores sociales involucrados, en el contexto de las consultas adecuadas para recuperar y asumir sus propuestas.

Frente al alarmante panorama nacional, hacemos pública nuestra decisión de avanzar en un amplio proceso de convergencia. Llamamos a todos los movimientos y organizaciones sociales del país a unirse a este esfuerzo, con el objetivo de construir un nuevo sujeto social e histórico capaz de impulsar y hacer oír las exigencias sociales, que no deben ser ignoradas por más tiempo, y enfrentar los amagos de los intereses contrarios al cambio.

Anunciamos que esta voluntad manifiesta será refrendada pronto con acciones y diversas iniciativas en todo el ámbito nacional. Exigimos que todos los órdenes de gobierno y los poderes de la unión escuchen la voz de los movimientos sociales, cuyas organizaciones tendrán que ser parte esencial del diálogo social para enfrentar la crisis en marcha. Demandamos, además, el establecimiento de mecanismos permanentes de interlocución, de incidencia en política pública y de acuerdo entre el gobierno y los distintos actores sociales, con el propósito de fortalecer la gobernabilidad democrática.

Llamamos a realizar una gran Convención Nacional de las organizaciones sociales y civiles para delinear juntos la lucha por un nuevo país. Aspiramos a unir las fuerzas del movimiento popular para construir una salida a la crisis democrática y justa para todos.

Convocaremos, a partir de esta Convención, a un gran Diálogo Nacional para construir un Acuerdo, con todas aquellas fuerzas sociales y políticas que, siendo diferentes a nosotros, estén dispuestas a participar en la lucha por un nuevo proyecto de nación con bases democráticas, incluyentes y plurales.

Con el propósito de superar la emergencia nacional, impedir que lleguemos a una crisis humanitaria y promover la transformación del modelo económico, político y social del país, proponemos que como prioridades nacionales se incluyan los siguientes temas:

1. Reforma fiscal progresiva y multianual para la redistribución del ingreso, misma que debe ser consensada y vigilada desde la sociedad.

2. Reasignación urgente de recursos presupuestales hacia los sectores de salud, campo, educación, investigación y seguridad social, con el propósito de promover la reconstrucción integral del sistema de salud, del sector educativo, ciencia y cultura, y del campo; con la premisa de garantizar el acceso pleno de toda la población a sus servicios y programas, en especial de los sectores de menores recursos.

3. Establecer una política de Estado para impulsar la soberanía y la autosuficiencia alimentarias, hacer valer los derechos de los pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros, forestales, artesanales y acuícolas; y garantizar una alimentación sana y equilibrada para todos los mexicanos.

4. Construir una Nueva Perspectiva de Derechos dentro de la Constitución, que involucre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y una nueva generación de derechos humanos al agua, la alimentación, la energía, la consulta, la tierra, el territorio y la ciudad. Respeto pleno a estos derechos. No al fracking. Dar a los pueblos originarios, comunidades y ciudadanía un papel fundamental en los espacios de contraloría social y participación en la toma de las decisiones en la gestión del agua, los recursos naturales, su territorio y su cultura; con pleno respeto al Convenio 169 de la OIT.

5. El gobierno debe tomar medidas extraordinarias para hacerse de recursos para enfrentar la situación de emergencia y para promover proyectos de transformación de la economía. Entre estas medidas, deberá contemplarse el gravar de forma especial las ganancias del gran capital, e incluso la suspensión temporal del pago de la deuda externa y el FOBAPROA. Adicionalmente, proponemos que negocie con Canadá y EE. UU. un fondo de cooperación para reducir las asimetrías que tiene México con sus socios comerciales para potenciar, de esta manera, a la región de Norteamérica, así como el uso de cualquier fondo multilateral que no comprometa nuestra soberanía.

6. Recuperación pronta de los puestos de trabajo perdidos, crear un seguro de desempleo y establecer una nueva política laboral a partir de la consolidación de la reforma en materia de justicia laboral, la promoción de políticas públicas para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios contractuales, el acatamiento de los convenios ya ratificados de la OIT y del respeto de todos aquellos ordenamientos que salvaguardan los derechos de los trabajadores, la contratación colectiva auténtica y la libertad de asociación sindical.

7. Demandamos la ratificación inmediata del Convenio 190 de la OIT para erradicar la violencia de género en los centros de trabajo y el impulso de una nueva generación de reformas a las leyes laborales para profundizar en la democratización y modernización del mundo del trabajo que, entre otros temas, proteja los derechos laborales durante emergencias como la actual, acabe con los abusos vinculados al outsourcing, proteja los derechos de los jornaleros agrícolas, establezca un solo régimen laboral para todos los trabajadores, suprimiendo el apartado B del Artículo 123 constitucional, reglamente las diferentes modalidades de trabajo a distancia y garantice derechos plenos para todos los trabajadores y trabajadoras.

8. Garantizar la estabilidad de los precios de los productos de la canasta básica y de los servicios públicos necesarios y urgentes para la población. Universalizar los programas sociales que hasta el momento ha implementado el Gobierno Federal. Impulsar la protección y formalización de los trabajadores del sector informal. Establecer un ingreso mínimo universal.

9. Control durante un plazo definido de común acuerdo por el gobierno y los factores de la producción de los precios de los productos de primera necesidad, medicinas y servicios públicos. Suspensión temporal de pago de hipotecas y renta domiciliaria para los trabajadores despedidos y personas de bajos recursos. Condonación de adeudos de energía eléctrica para la población de bajos ingresos.

10. Línea de créditos preferenciales a la pequeña y mediana empresa, con bajos intereses para las entidades de la economía social y solidaria. Emitir un decreto para la suspensión de los requerimientos y procesos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realiza sobre las cooperativas de ahorro y préstamo. Junto a un programa de rescate y reestructura de créditos en mora vía Finagro, para los pequeños y medianos productores.

11. Hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres fuera y dentro del hogar estableciendo programas de protección y ayuda para mujeres, niñas, niños y adolescentes.

12. Diseñar una política de Estado para lograr la soberanía digital como instrumento estratégico para la transformación y mayor competitividad de la economía nacional.

13. Alto a la violencia y construcción de la paz con el respeto pleno a los derechos de todas y todos, particularmente de las comunidades del campo y los pueblos originarios.

14. Demandamos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 de la ONU, manteniendo su horizonte de universalidad y multidimensionalidad, para una gobernabilidad global de multilateralidad democrática.

15. Urge fortalecer estructuralmente a la sociedad rural, desde el sur Sureste hasta el norte, construyendo instrumentos para armonizar las cadenas productivas, de suministro, comercialización y de valor, para garantizar la atención de las necesidades con un enfoque regional, de los productores pequeños, medianos, excedentarios y agro exportadores, en las cadenas agropecuarias, alimentarias, de industrialización y pesqueras, priorizando los productos nutricionales que garantizan la soberanía alimentaria del país, al mismo tiempo que se disminuya la concentración de la tierra, de los recursos naturales y de sus beneficios como riqueza nacional, en la perspectiva de equidad y justicia. Por ello, es indispensable, que desde los tres órdenes de gobierno, según su peso y papel, se asignen recursos para la inversión, en la reconstrucción de las cadenas productivas, de suministro, acopio, comercialización y la agroindustria, que incluya la creación de apoyos a las comunidades ribereñas de pescadores, un plan de acuacultura, y maricultura, con un enfoque sectorial justo y equitativo.

A T E N T A M E N T E

Nueva Central de Trabajadores (NCT)-.Rùbrica
Unión Nacional de Trabajadores (UNT).- Rùbrica
Confederación Internacional de Trabajadores (CIT).- Rùbrica
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).- Rùbrica
Central Campesina Cardenista (CCC).- Rùbrica
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos “Josè Dolores Lòpez Dominguez” (CIOAC-JDLD).- Rùbrica
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).- Rùbrica
Consejo Superior del Cooperativismo de la Repùblica Mexicana (MEXICOOP).- Rùbrica
Confederaciòn Nacional Cooperativa Pesquera, S.C. de R.L. (CONACOOP).- Rùbrica
Unión Campesina Democrática (UCD).- Rùbrica
Unión Campesina e Indígena de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).- Rùbrica
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ).- Rùbrica
Red Agua para Todos.- Rùbrica
Organización de Pescadores.- Rùbrica
Unión Nacional de Productores Ganaderos.- Rùbrica
Consejo Mexicano del Cooperativismo.- Rùbrica
Productores Mexicanos Autosustentables de Caña.- Rùbrica
Unión de Sociedades de Producción Rural.- Rùbrica
Consejo Comunitario de Abasto Huehuetlán El Chico.- Rùbrica
Campesinos en Lucha Agraria, Vida AC.- Rùbrica
Gran Alianza de Industriales de la Masa y Tortilla de México A.C..- Rùbrica
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autònoma de Mèxico (STUNAM).- Rùbrica.-
Unión Nacional de Industriales de la masa y la tortilla A. C.