El CONACYT puso a debate lo que es obligación respetar

¿DERECHOS LABORALES EN LAS HUMANIDADES, CIENCIA Y TECNOLOGÍA? SÍ O NO

*Algunos funcionarios sugieren eliminarlos o restringirlos a trabajadores del sector.

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Inició un ciclo denominado Mesas de Diálogo en torno a los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores del sector de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación (HCTI) organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el 10 de agosto de 2021. Lo paradójico es que algunos funcionarios sugirieron eliminar los derechos humanos laborales en el ramo.

El evento constará en total de 6 sesiones, en las que también participan como organizadores, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Conacyt y la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de analizar el anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación en sus aspectos laborales.

La primera mesa “Marco Jurídico de las y los trabajadores de la ciencia”, contó con la participación de Luis Armando González Plascencia, funcionario de ANUIES y Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Lic. Arturo Alcalde, asesor de diversos sindicatos, Gilberto Chávez Orozco, Presidente de la Academia de Derecho Procesal del Trabajo y la Lic. Daniela Herrera, especialista en derecho fiscal y temas electoral y de administración tributaria.

En la inauguración, la directora de Conacyt se refirió a la necesidad de contar con un marco jurídico apropiado a los nuevos tiempos, para lo cual se ha llamado a participar en la elaboración de la una ley general de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Dijo que la comunidad científica debe contar con todos los derechos fundamentales iniciando por lo laboral y todo lo que impliquen mejores condiciones laborales. Señaló que en Conacyt hay tolerancia cero al acoso laboral.

El Maestro Manuel García Urrutia, titular de la Unidad de funcionarios Conciliadores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), en representación de su titular, se refirió a la necesidad de que el estado defina políticas en materia de investigación.

Señaló que en esta iniciativa pugnarán por la homogeneidad de las condiciones laborales de los 26 centros de investigación, ya que hay diversidad en los marcos normativos laborales de los mismos. En cuanto a los investigadores asignados a instituciones educativas, dijo que se deberán definir condiciones más claras y precisas.

Luis Armando González Plascencia, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, dijo que se debe incluir una perspectiva de derechos humanos, sobre todo ahora que la educación superior es un derecho humano.

Dejó ver que hay que considerar la posibilidad de cambio del trabajo de quienes se dedican a la ciencia, sugiriendo que deben ser sujetos del apartado B del artículo 123 constitucional. Consideró que la obligación de respetar y proteger los derechos humanos establecida en el artículo 1 constitucional, hace que trabajadores de ciencia y tecnología sean garantes del derecho humano a la educación, ciencia y tecnología, lo que, en su opinión, pone límites a ciertos derechos laborales.

Sugirió abrir una discusión de fondo de lo que significan la educación o ciencia como derechos humanos y se refirió a la libertad de investigación y de catedra; dijo que no se puede alegar como violación, la imposibilidad de seguir una agenda ajena a lo fijado como prioridad nacional.

Enseguida el Lic. Arturo Alcalde, abogado laboralista, señaló que el evento es una muestra de apertura de Conacyt, pues lo laboral era prácticamente prohibido y se tenía que abordar casi en secreto.

Dijo que se es importante conciliar los derechos laborales con la calidad académica y al mismo tiempo, cuidar los recursos públicos. Dijo que hay una gran diversidad en el sector, no sólo en lo que respecta a los aspectos laborales, sino incluso en los marcos jurídicos de las instituciones de educación, ciencia y tecnología, lo que genera confusión. Esta diversidad, dijo, no responde a un plan.

Otro aspecto en el que hay diversidad, señaló, es el origen de los presupuestos, ya que vienen no solo de las transferencias federales, sino que incluyen aportaciones estatales e ingresos propios. Esta situación genera incertidumbre, tanto en los trabajadores como en los mismos funcionarios pues llega a ocurrir que se autorizan gastos, pero no se dice con precisión de dónde hacerlos.

Dijo que en el sector hay exceso de trabajadores por honorarios, lo que genera precariedad e inestabilidad laboral. En algunas instituciones, este personal llega a porcentajes muy elevados.

Propuso trabajar hacia una plataforma básica para todos los centros de investigación, basada en la remuneración, la libertad de organización, Apartado A para todos, entre otros aspectos. Sobre lo último, dijo que el constituyente habló de un régimen general en lo laboral y no de un régimen excepción.

Planteó que se debe garantizar la autonomía de los órganos académicos, avanzar hacia la comprensión de la diversidad y hacia una carrera del personal administrativo, así como que la organicidad del sistema debe reconocer las especificidades de cada centro.

En su intervención, Gilberto Chávez Orozco, presidente de la Academia de Derecho Procesal del Trabajo abundó sobre la naturaleza jurídica del trabajo que se realiza. Coincidió con el Lic. Alcalde en que permanezcan en apartado A los trabajadores de este sector, pues en el marco del apartado B se tienen restricciones a los derechos.

Finalmente, Daniela Herrera, funcionaria del Conacyt, especialista en derecho fiscal y temas electoral y de administración tributaria, dio datos sobre el sector. Dijo que hay 8581 trabajadores en el sector, de los cuales 1851 están en el Conacyt, donde hay 228 mandos superiores, 207 empleados de confianza, 183 sindicalizados y 1233 miembros de cátedras.

Se refirió al Sindicato de investigadores del programa Cátedras, Sintracatedras, diciendo que cuenta con 43 miembros y que ha planteado diversas demandas de cumplimiento y solicita firma de un contrato colectivo de trabajo. Dijo que estos trabajadores son los de mayores ingresos y solicitan incrementos diversos. Sugirió que las peticiones son muy elevadas para trabajadores con los mayores ingresos actuales.

Sobre los Centros Públicos de Investigación, CPI, dependientes del Conacyt, dijo que en 26 CPIs hay 6730 trabajadores, 2983 investigadores, 1886 técnicos y 1861 administrativos. Están organizados en 26 sindicatos, 16 de los cuales son sujetos del apartado A del artículo 123 constitucional y 10 del apartado B.

Acerca de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología, dijo que ha demandado el cumplimiento de lo establecido tanto en contratos colectivos como en condiciones generales de trabajo.

Terminó señalando que se han incorporado algunas demandas de Sintracatedras al marco del programa Cátedras, sugiriendo que con ello dejan de tener objeto las peticiones de esta organización de firmar un contrato colectivo.

La segunda mesa Principales retos laborales de las y los trabajadores del sector de HCTI incluyó la participación de Miguel Olmos, Secretario General del Sindicato Independiente de Profesores e Investigadores del Colegio de la Frontera Norte, Mateo Mier y Terán y Saraí Miranda Juárez, dirigentes del Sintracatedras, Violeta Gleaves, dirigente del Sindicato Único de Personal Técnico y Administrativo del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Miguel Ángel Salgado Luna, secretario de trabajo del Sindicato de Trabajadores del Conacyt, José Luis Rodríguez López, secretario de organización del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y el Dr. Rafael Espinoza Luna, director general del Centro de Investigaciones en Óptica.

El Dr. Olmos se congratuló de la apertura a los trabajadores que se da en estas mesas y se refirió al rezago salarial que sufren todos los trabajadores de ciencia y tecnología, mismo que ha intensificado a causa de la actual pandemia. Este rezago ha tenido, entre otras consecuencias, la fuga de cerebros.

Señaló que en los últimos años el salario real de los investigadores ha venido disminuyendo drásticamente, a pesar de lo cual, este año el tope salarial se mantuvo en 3.4% mientras la inflación fue mayor del doble del incremento salarial. Dio datos sobre la evolución de los salarios y las diferencias entre distintas instituciones y, en el caso de las prestaciones, dijo que hay una pérdida de 21.5% de 2013 a la fecha.

Agregó que la pérdida salarial en 2020 es de 3.15% respecto al año pasado y que, para lograr una recuperación salarial en 2022, considerando una inflación de 5% este año, el incremento del próximo año en los salarios debería ser al menos de 6.15%.

Se pronunció por la coordinación del trabajo entre autoridades de Conacyt y de los centros y los sindicatos, y dijo que se debería avanzar en la homologación de cláusulas, salarios y prestaciones.

En su turno, los doctores Mier y Terán y Miranda Juárez expusieron la situación de los trabajadores contratados mediante el programa cátedras Conacyt, así como el estado de las pláticas que esta organización sostiene con el Conacyt en el marco de su petición de firma de CCT.

El Dr. Mier se congratuló por la realización de estas mesas, aunque -dijo- no sustituyen la negociación ante las autoridades laborales. Presentó un panorama del programa y de la situación de los investigadores contratados a través del mismo, de los cuales la mayoría es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. El programa surgió en 2014 a fin de subsanar la insuficiencia de plazas en las instituciones públicas de investigación

Este personal es contratado en condiciones laborales inciertas, con nombramientos irregulares y son considerados como personal de confianza, no obstante que sus funciones corresponden a las del personal de base. Su contratación está sujeta a la suficiencia presupuestal y su permanencia en el empleo se ve determinada por evaluaciones subjetivas.

Ante esto, señaló, se decidió organizarse en un sindicato, el Sintracatedras y demandó de Conacyt la firma de un contrato colectivo de trabajo que dé paso a la bilateralidad. A su vez, Conacyt presentó una contrapropuesta que no responde a lo solicitado y en el caso de las evaluaciones punitivas, plantea un retroceso

La doctora Saraí Miranda abundó en el tema señalando que en la contratación de este personal se presentan como constantes, una noción de propiedad privada por parte de las autoridades de las instituciones, que hacen suyos los trabajos y proyectos realizados por los investigadores, una vigilancia y hostigamiento constantes y una meritocracia de corte neoliberal.

Dijo que, a pesar de haber tenido avances en pláticas previas, en la sesión del día anterior en la STPS, la representación del Conacyt dijo que no tenía sentido continuar en vista de que se hicieron modificaciones a las condiciones del programa que, según ellos, rescatan peticiones del sindicato, además de que Conacyt no está en condiciones de firmar un contrato colectivo.

Terminó solicitando que se evite enrarecer el clima, ya que mientras se realizaban pláticas el día anterior en la STPS, en la Mesa organizada por Conacyt se dio información inexacta acerca de las peticiones sindicales, por lo que, igual que el Dr. Mier pidió evitar la confrontación innecesaria.

La Maestra Gleaves presentó un panorama de la FENASSCYT, de los centros públicos de investigación y de la situación de sus trabajadores y habló de la importancia de contar con una nueva definición de servidor público.

Señaló que el sistema de CPI´s de Conacyt representa la segunda fuerza académica y de generación de conocimiento del país. Abordó la naturaleza jurídica de los centros, así como las garantías constitucionales contenida en los apartados A y B del artículo 123 constitucional, señalando algunas diferencias entre ambos, así como elementos a considerar en una nueva legislación.

Señaló que la situación de las instituciones pública de investigación, implica la existencia en las mismas, de órganos internos de control dependientes de la Secretaría de la Función Pública. Esto, si bien puede ser un elemento para un manejo adecuado de los recursos públicos, introduce aspectos de desconfianza al auditar constantemente tanto las áreas operativas como el desempeño académico y al omitir la naturaleza de las actividades académicas, en la consideración de servidores públicos a todos los trabajadores.

La rendición de cuentas a que están obligados los servidores públicos, al confundir a partir de criterios salariales, al personal académico con las jerarquías administrativas, introduce elementos de presión, para personal que no administra recursos ni tiene personal bajo su mando, por lo que se propone que en la ley en preparación se incluya una categoría especial, la de servidor público académico, al cual la evaluación se haga por pares y no por parte de los OIC.

El secretario de trabajo del Sindicato Independiente de Trabajadores de Conacyt, Miguel Ángel Salgado, hizo un recuento de las luchas de los trabajadores del sector por mejorar su situación, que llevó, entre otras cosas, a acudir a la Cámara de Diputados en solicitud de mayores recursos que permitieran mejorar las condiciones de vida y de trabajo del personal. Se logró ampliar el presupuesto para el sector y en respuesta, las autoridades del Consejo introdujeron masivamente el outsourcing que mantiene a los trabajadores sin estabilidad laboral y los mantiene en condiciones de precariedad.

Se pronunció por la unidad de los trabajadores y por lograr un tabulador para el sector que permita mejores condiciones y evite la precarización laboral.

El secretario de organización del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, se refirió a la representación académica en el Consejo de Estado y los órganos de gobierno propuestos en el anteproyecto de ley en análisis.

Enfatizó en la importancia de contar con una representación académica en órganos que están integrados, en la propuesta, sólo por secretarios de estado. Para ello, señaló que la FENASSCYT propone que participe la representación sindical donde ésta exista o mediante académicos electos por la comunidad, cuando no la haya.

La idea es que los investigadores tengan mayor representación para lo cual presentó propuestas para incluir en los artículos 39 y 82 del anteproyecto en discusión.

Finalmente, Rafael Espinoza Luna, director general del CIO, institución en la que se ha denunciado recientemente la violación al CCT, ante la presentación de una propuesta de ley de humanidades, ciencia y tecnología, distinta a la preparada por Conacyt, señaló que esta tarea corresponde a tal organismo e invitó al diálogo. Propuso el reconocimiento de los CPIs como instituciones fundamentales para alcanzar la independencia científica y tecnológica del país por lo que se debe -señaló- fortalecer el sistema nacional de centros públicos de investigación.

Pidió, asimismo, a fin de evitar desmentidos o descalificaciones y fortalecer la transparencia, que se hagan públicas las demandas que ha presentado el Sintracatedras y que éste, haga público su padrón de afiliados.

Un elemento a considerar en este ciclo de mesas es la diferencia con las actividades realizadas en otros momentos -como algunos ponentes señalaron- en que ahora sí se están escuchando voces de los trabajadores y sus organizaciones, o al menos se les están abriendo espacios para plantear sus posiciones. En el pasado era común que se invitara a este tipo de actos de manera casi exclusiva a investigadores a título personal y no como parte de sus organizaciones.

La alta participación de representantes sindicales en la mesa II, por ejemplo, da oportunidad a que se escuchen no solo voces aisladas, sino a trabajadores organizados. No obstante, experiencias recientes en el poder legislativo, en las discusiones sobre trabajo a distancia y subcontratación, alertan sobre la posibilidad de que se oiga a los sindicatos, pero no se les escuche ni tomen en cuenta sus propuestas.

En estas mesas no estuvieron ausentes las provocaciones. Esta vez, a través de comentarios en las redes sociales, en las que abundaron mensajes de descalificación a las demandas y propuestas de los trabajadores.

Un aspecto que llama la atención es que a pesar de que el anteproyecto de ley en análisis, es de carácter general por lo que aplicaría para todas las actividades de los sectores involucrados, en las mesas se está considerando casi solamente a los centros de investigación dependientes del Conacyt y se deja de lado no solo las actividades de investigación que se realizan en universidades, sino también a otros institutos de investigación como los del sector agropecuario, como el Colegio de Postgraduados o el INIFAP, el IMTA que depende la secretaría de medio ambiente y los del sector energía ININ, INEEL e IMP, así como al Cinvestav.

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