Las 11 entidades que faltan tendrán que esperar hasta 2022

EL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL ABRIÓ OFICINAS EN 21 ESTADOS Y EN CDMX

Carlos Guillén S.

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y

colaborador voluntario de Frecuencia Laboral

publicación original de www.frecuencialaboral.com

Con la asistencia de representantes sindicales y patronales, del poder judicial y funcionarios del sector laboral, el 3 de noviembre de 2021 se inauguraron nuevas oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), con lo que se incorporaron 13 entidades en el ámbito federal y una en el local, a la llamada segunda etapa de la reforma laboral en México que, con esto alcanza dos terceras partes del país. Las 11 entidades restantes, se incorporarán al nuevo esquema en 2022.

El CFCRL fue creado por la reforma laboral de mayo de 2019 para promover la conciliación prejudicial en conflictos individuales y colectivos, registrar contratos colectivos y otra documentación laboral y para la vigilancia de los procesos electorales sindicales.

A partir de esta fecha, las actividades de registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo quedó a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), cuyo inicio de actividades en 9 estados fue hace un año, el 18 de noviembre de 2020. Además del registro de organizaciones y documentación laboral, este centro tendrá la función de buscar la conciliación en conflictos laborales individuales y colectivos.

En la inauguración de esta etapa, diversos oradores expusieron los avances y expectativas de la reforma laboral a nombre de organizaciones sindicales, patrones, poder judicial y la Secretaría del Trabajo. Entre los asistentes se encontraban incluso dirigentes del sindicalismo corporativo que en su momento se opusieron a la reforma y presentaron propuestas de carácter regresivo. Contrastó la numerosa presencia de representantes de este tipo de sindicalismo con la del sindicalismo democrático que fue mínima.

Alfredo Domínguez Marrufo, director general del CFCRL, dijo que esa misma mañana se hizo el primer convenio de conciliación en Xalapa, Veracruz e hizo un recuento de avances en el funcionamiento del CFCRL, donde todos los trámites para registro o conciliación se realizarán por la vía digital. Señaló que se parte de una base de datos con millones de fojas de las 58 juntas de conciliación y arbitraje del país, que suman casi 300 mil expedientes de registros sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, convenios de revisión salarial y contractual, entre otros.

Afirmó que los patrones han dado facilidades para que sus empleados participen en sus sindicatos y que en la etapa reciente se han podido legitimar 804 contratos colectivos. Agregó que el nuevo sistema busca acabar con la simulación, abrirle puertas a la democracia sindical y avanzar hacia una justicia laboral realmente pronta y expedita, para lo cual es no es suficiente con nuevos sistemas e instituciones, sino que es necesario un cambio cultural.

El presidente del Congreso del Trabajo dijo estar a favor de todos los cambios estructurales que requiere México para elevar la competitividad a nivel mundial para lograr mejor productividad y reivindicó la autonomía e independencia sindicales.

El representante del Consejo Coordinador Empresarial dijo que estarán atentos a los procesos laborales y la legitimación de los CCT, la cual es un compromiso del tratado con los socios comerciales de México. Dijo esperar que la conciliación prejudicial cumpla con la expectativa de lograr acuerdos para evitar llegar a procesos judiciales que no benefician a ninguna de las partes.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Fernando Franco González dijo que el Poder Judicial cuenta con 64 jueces para asuntos individuales y 5 para los colectivos, en 42 tribunales laborales en 26 ciudades de 22 entidades. Afirmó que, a 12 meses del inicio de funciones de este Centro, la duración de juicios para diversos conflictos ha pasado de 4 años a un promedio de 4.5 meses. Dijo que en el Poder Judicial se ha emprendido un trabajo de capacitación de personal que ha llegado a casi 38 mil personas con 22 programas académicos, para estar acorde con las nuevas tareas en materia laboral; dijo que los nuevos órganos cuentan con una integración de género paritaria.

La Secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde hizo un recuento de la política laboral gubernamental, en la que se refirió a la recuperación del salario mínimo que acabó con décadas de contención salarial, a los consensos para la reciente reforma en la subcontratación, las reformas en materia de vivienda y la reforma a pensiones.

Para esta etapa de la reforma laboral se habilitaron -señaló- 19 oficinas del Centro Federal, 40 centros de conciliación locales, 32 tribunales federales y 36 locales, con un personal que incluye más de mil conciliadores, jueces, secretarios, verificadores y personal registral.

Dijo que el 75 % de los casos presentados han sido resueltos y que con el nuevo organismo, que es responsable a partir de la fecha del registro a nivel nacional en el tema laboral, cualquier ciudadano tendrá acceso a toda la información como estatutos, directivas, vigencias, reglamentos interiores o registro de contratos colectivos; agregó que el Centro es además autoridad para vigilar los procesos electorales sindicales a fin de identificar practicas antidemocráticas y atender denuncias a fin de favorecer la democracia sindical. Con esto, dijo, se terminan los juicios laborales interminables, el chantaje y lo que llamó la industria del litigio.

En esta etapa se puso en marcha la reforma en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur (en lo federal), Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo e Hidalgo.

Entre las principales actividades del centro, está la legitimación de contratos colectivos, misma que inició a partir de la entrada en vigor de la reforma en mayo de 2019. A la fecha, con dos terceras partes de avance en la puesta en marcha de oficinas e instalaciones, se tiene un avance de 2029 contratos legitimados -según los datos publicados en la pagina del CFCRL en internet- aunque solo están los datos de 1609.

A la fecha se ha consultado a 950,221 trabajadores según la misma fuente, que a principios de septiembre reportaba 872,213. Los resultados de las consultas han arrojado 13 contratos terminados, 6 más que los mencionados en esa fecha. La información del CFCRL menciona 4847 eventos realizados y 252 consultas programadas. Un avance indudable, pero no hay información suficiente para asegurar que se está acabando el contratismo de protección o llegando la democracia sindical a las fábricas.

En cuanto a organizaciones, se reportan 1390 sindicatos registrados. 165 adicionales en dos meses, lo cual podría representar un avance en la sindicalización si se tratara de nuevas organizaciones con trabajadores que antes no eran sindicalizados. Sin embargo, desde hace tiempo se observan tendencias a crear nuevas organizaciones a partir de escisiones en las existentes, lo que implica más sindicatos, pero con los mismos afiliados. Un riesgo de que esto ocurra es la pulverización sindical, con muchos sindicatos que pudieran tener prácticas democráticas, pero que no cuenten con la fuerza suficiente para defender los derechos de los trabajadores. Cierto es que la creación de nuevas organizaciones puede mostrar un camino para la democratización de los sindicatos, pero en todo caso, depende de la fuerza y organización de los trabajadores y no de la existencia de nuevos organismos laborales.

Con la puesta en marcha de esta dependencia, las juntas de conciliación cierran sus puertas para registros y nuevos conflictos, quedando a cargo solo de completar los procesos iniciados previamente en sus instalaciones.

Hay temas de gran importancia. Algunos grupos de trabajadores han identificado el rechazo a los contratos colectivos existentes con el rechazo a las direcciones sindicales. En realidad, se trata de procesos distintos. El reducido número de contratos terminados, es decir, rechazados por los trabajadores, no implica el reconocimiento o rechazo a las direcciones sindicales, sino que se prefiere preservar el contrato como expresión de las conquistas laborales. La nueva autoridad para el registro de sindicatos, direcciones y contratos puede facilitar tareas como el registro o la toma de nota, pero no implica el advenimiento de la democracia sindical. Esta llega de la mano de la voluntad de los trabajadores, ésta es la que se debe expresar -y ser apoyada por las nuevas instancias gubernamentales de la materia.

Mientras tanto, hay conflictos que se prolongan. Algunos datan de años y gobiernos anteriores, como las huelgas del sindicato minero o la negativa a firmar contrato colectivo con los técnicos y profesionistas petroleros. Otros, como la huelga en Notimex, que ya rebasó año y medio, son posteriores a la entrada en vigor de la reforma laboral. Otros más se pueden esperar a raíz del acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de terminar con la jurisprudencia 1/96.

guillen.s.carlos@gmail.com