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| Año 14. No. 750.del 31 de may. al 07 jul. de 2020 | Premio de Comunicación Alternativa |
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Crece la inconformidad por la extinción de fideicomisos FUTURO INCIERTO PARA LA CIENCIA La insuficiencia del presupuesto destinado a la investigación científica en los últimos años ha sido motivo de preocupación y reclamos públicos para quienes se dedican a buscar el conocimiento en las instituciones públicas de investigación. Hoy con las medidas anunciadas como necesarias por la pandemia de Covid-19, así como decretos e iniciativas relacionadas, no se puede dejar de pensar en el incremento de los problemas. El 27 de mayo de 2020, en reunión virtual con los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, la Dra. María Elena Álvarez Buylla, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), anunció el inicio de la extinción de 65 fideicomisos a cargo de CONACyT, lo que no implicará –aseguró- incumplimiento de obligaciones en materia de investigación científica. El problema de la investigación en México no se limita a la desaparición de fideicomisos o al combate a la corrupción. La pandemia está nuevamente demostrando que se requiere de una política de estado para la ciencia y la tecnología. Qué bien que las protestas de cineastas pusieron a salvo recursos para su industria. Defender las instituciones públicas de ciencia y tecnología requiere un esfuerzo no sólo de quienes trabajan en ese sector, sino de toda la sociedad. Previamente, el 2 de abril de 2020, mediante decreto, el gobierno ordenó dar por terminados los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal. Quedaban a salvo aquellos que tuvieran sustento en alguna ley, como es el caso de los establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología y otras. El 19 de mayo, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para modificar 14 leyes que crean 44 fideicomisos. Dicha iniciativa generó tal descontento, particularmente entre personas ligadas a la industria cinematográfica, que apenas unos días después fue congelada, hasta que se hagan mesas de trabajo, anunció el Coordinador de dicho grupo parlamentario. Los fideicomisos cuya extinción fue anunciada, corresponden a los fondos sectoriales, permaneciendo por el momento los que corresponden a los Centros Públicos de Investigación, dijo a Frecuencia Laboral , el Secretario General del sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Agregó que hay fideicomisos para pago de proyectos, para investigación y para pago de prestaciones laborales, por lo que de prosperar tal intención, resultaría afectada la investigación. Desde el anuncio de la desaparición de los fideicomisos se insistió en que la idea era combatir la corrupción y que los recursos se usen para los fines a que están destinados. Al respecto, el secretario general del sindicato de investigadores del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) señaló que en el caso del de INIFAP, éste tiene reglas de operación deficientes y un manejo oscuro, sin dar cuentas claras y sin aclarar quién aprobó el gasto y con qué criterios. Lo cierto es que el presupuesto es desde hace tiempo, una de las principales debilidades de las instituciones públicas de ciencia y tecnología. A pesar de que hace cerca de dos décadas la Ley de Ciencia y Tecnología ordena que se destine a la investigación científica el uno por ciento del producto interno bruto, la realidad es que está aún muy lejos de cumplirse tal meta. La pandemia de Covid 19 ha sacado a relucir algunos de los principales problemas de la sociedad, que a pesar de que estaban a la vista de todos, eran vistos con resignación y pasividad, como el deterioro del sistema público de salud o las carencias de las instituciones educativas. En el caso del insuficiente presupuesto a las instituciones públicas de investigación científica, se trata de un asunto prácticamente ignorado por la sociedad. Son de tal magnitud las carencias en las actividades científicas que es frecuente que los estímulos que perciben los investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), sean usados no para uso personal sino para financiar su investigación, ya que el presupuesto que reciben es ridículo y en algunos casos inexistente. Por eso causó molestia la “invitación” que una funcionaria de CONACyT formuló recientemente, para que los investigadores miembros del SNI aportaran 3 meses del estímulo para apoyar al sistema de salud. Hubo investigadores que manifestaron su disposición a apoyar, si los legisladores lo hacían también. En realidad, desde el Poder Legislativo se podrían modificar muchas cosas, como cumplir el mandato de destinar uno por ciento del PIB a ciencia o dotar al sector salud de lo necesario para realizar su trabajo en condiciones adecuadas. La realidad que muestra hoy la pandemia es que este trabajo no se ha hecho hace tiempo. En materia de legislación también hay pendientes. Existen 23 iniciativas de modificación a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, se afirma en el Comité Intersectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación creado por el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. En la elaboración de las iniciativas, ha sido nula la participación de investigadores. En algunas solo proponen cambios de redacción y se dio el caso de una tan amplia como confusa, en cuya elaboración no intervinieron los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Al respecto, la Directora de CONACyT dijo que la iniciativa del Ejecutivo Federal sobre la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, podría presentarse entre septiembre y diciembre y que en su preparación han participado personas de más de doce dependencias, quienes han presentado 178 propuestas. Las páginas de las comisiones de ciencia y tecnología de las cámaras de diputados y senadores consignan 8 y 7 iniciativas pendientes, respectivamente.
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