México 2019

LOS DESAFÍOS ECONÓMICOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Participación de la Doctora Josefina Morales,

Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM,

en el programa de radio Frecuencia Laboral del 13 de abril de 2019,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

En junio de 2018, escribíamos que nuestro país atravesaba por una crisis multidimensional (económica, política, social, ambiental, de derechos humanos, de justicia…) y una grave descomposición del Estado. El neoliberalismo había liquidado y entregado al gran capital monopolista financiero trasnacional (nacional y extranjero) la mayor parte de los activos nacionales creados por el trabajo, había desaparecido a la CLyFC y sometido a un profundo desmantelamiento a Pemex y a la CFE. Y sobre los trabajadores del Estado a lo largo de los años cayó, en primer lugar, el costo de la crisis y la imposición de la política neoliberal.

Asimismo hemos señalado en múltiples ocasiones que el saldo del TLCAN fue un capitalismo neocolonial: un crecimiento económico insuficiente y desigual con recesiones recurrentes y una pérdida de soberanía energética que se refleja en la importación de las tres cuartas partes del consumo nacional de gasolina y una pérdida de soberanía alimentaria que, igualmente, se refleja en la importación masiva de granos básicos. Uno de cuyos saldos negros fue la migración de más de 12 millones de trabajadores a Estados Unidos en condiciones extremas de precariedad, sin papeles. Trabajadores que han paliado, en gran parte, con sus remesas, la pobreza de nuestro país.

El neoliberalismo, a partir de la recomposición del bloque histórico dominante surgido después de la Revolución Mexicana, penetró hasta la médula de la institucionalidad estatal y con múltiples organismos autónomos, parainstitucionales, fue limitando la participación del limitado poder legislativo y del ejecutivo y creó una super élite oligárquica. forjada en las múltiples relaciones trasnacionales y en el ir y venir del ámbito público al privado, que imponía la política económica en el país.

El ascenso del crimen organizado penetró la estructura económica y política abriendo paso a una economía criminal que va del narcotráfico al robo de combustible, trata de personas y comportamiento mafioso cotidiano con el cobro de piso y extorsión permanente, cuyo costo se estima entre 10 y 25 por ciento de la economía nacional. Y la guerra declarada por Calderón desde diciembre de 2006, producto del complemento militar al TLCAN que significa la Iniciativa Mérida, sumergió al país en una tragedia inconmensurable: más de 250 000 asesinatos, más de 40 000 desaparecidos que convirtieron al territorio nacional en cementerio recorrido incansablemente por madres, padres y familiares en busca de sus hijos desaparecidos; 26 000 cuerpos sin identificar y un creciente número de femenicidios (cerca de diez mujeres asesinadas cada día).

El triunfo avasallador de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en las elecciones de julio pasado, le dieron un golpe formidable al viejo régimen político en descomposición y con ello se abrió paso a una nueva etapa de la lucha de clases en nuestro país.

Los desafíos de 2019

Tres son, quizás, los más grandes desafíos económicos del nuevo gobierno: El primero que han escogido es el de la corrupción y recordemos, en primer lugar, que la corrupción es una relación criminal entre el Estado y el capital que se ha vuelto una de las características fundamentales de la acumulación de capital, de la criminalidad y del despojo; y cuya estimación oscila alrededor del diez por ciento del Producto Interno Bruto.

Combatir la corrupción enfrenta de inmediato al crimen, al capital y a la descomposición del Estado, lo que quedó dramáticamente comprobado con el robo de la gasolina, el huachicol que atraviesa el territorio nacional, y los sobresueldos y prebendas escandalosas de la alta burocracia, empezando por la Suprema Corte. Problema este último enfrentado con un recorte de la alta burocracia, corriendo el riesgo de despedir a personal especializado, y con la baja de salario, para no ser superior al del Presidente, que ha sido objeto de miles de amparos en la Suprema Corte.

Del combate a la corrupción se pasó al ejercicio austero de las finanzas públicas para reorientar los recursos hacia una política social que atienda urgentemente a los más pobres, a las mujeres, a los ancianos y a los jóvenes. Política que sin duda ha afectado a las instituciones públicas de educación y salud, en muchas casos urgidas de mayores recursos públicos por el abandono en que las dejó la política neoliberal.

El segundo desafío que plantea este nuevo gobierno es el de la aplicación de una política social que responda de inmediato a la pobreza y al desamparo de la mayoría de la población, generalizando, en una primera instancia, el apoyo a los adultos mayores, a las mujeres y a los jóvenes.

El tercer desafío es recuperar el crecimiento económico, empezando por enfrentar la crítica situación de Petróleos Mexicanos, la empresa estratégica para el crecimiento del país, y recuperar el crecimiento del mercado interno.

Impulsar una nueva política económica, aun manteniendo los totems neoliberales de “finanzas públicas sanas”, con superávit fiscal y con la autonomía del Banco de México para mantener la inflación y el control del tipo de cambio, se enfrenta no sólo al peso del endeudamiento público y a los limitados ingresos fiscales; se enfrenta al gran capital nacional y extranjero y a las instituciones neoliberales globales como las calificadoras, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y, más aún, enfrentará a corto plazo el entramado del Tratado de Libre Comercio que ha llevado a un capitalismo neocolonial y que en su nueva versión Tratado de México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) impondrá mayores limitaciones a la política económica nacional.

Tradicionalmente, el primer año, el primer trimestre, de un nuevo gobierno ha registrado una caída en el crecimiento. Entre los últimos cinco sexenios neoliberales, destaca la contracción del gobierno de Zedillo, el error de diciembre dicen algunos costó caro al país olvidando la fragilidad económica en que dejó al país Salinas; y la caída a la mitad del crecimiento del primer trimestre de Fox que se inscribía en la crisis estadounidense de las empresas.com. En el caso de Peña Nieto la contracción trimestral no fue tan pronunciada como sí lo fue el resultado del primer año con un crecimiento de apenas 1.35% en comparación con el del último año de Calderón que fue de 3.64%; el último trimestre de ese gobierno, el último de 2018, ya mostraba una desaceleración, del 2.5% en el tercer trimestre al 1.7% en el último que se tradujo en un crecimiento anual de 1.99%. Por ello, no debería sorprender si los resultaos del primer trimestre del gobierno de AMLO registran un menor crecimiento del esperado.

Dos de los más lesivos saldos del capitalismo neocolonial que han dejado el neoliberalismo y el TLCAN, la pérdida de la soberanía energética y la pérdida de soberanía alimentaria, parecen estar entre los primeros objetivos económicos del nuevo gobierno, con el intento de recuperación de Pemex y el impulso a la agricultura a partir de los precios de garantía.

La propuesta de una nueva refinería en Dos Bocas, puerto petrolero de exportación desde el boom de los años ochenta, ha sido objeto de múltiples críticas desde los ideólogos neoliberales que antes llevaron, so pretexto del libre mercado, a la pérdida de soberanía energética y al desmantelamiento y abandono de las refinerías y al sobreendeudamiento de Pemex. No es fácil tener idea del entramado en que el que se ahogó a la empresa, que va del aspecto financiero a la falta de inversión y mantenimiento de sus instalaciones, a la entrega de gasolinas para su reventa con altas ganancias y a la descomposición sindical con uno de los dirigentes más corruptos del país. No se diga al criminal abandono que llevó al huachicoleo.

Asimismo destacan los proyectos regionales en la frontera norte y en el sur, que iniciaron con el incremento del salario mínimo, en mayor proporción en los municipios de la primera y un mayor estímulo al capital, privado y trasnacional, bajando el IVA que prácticamente no se cobra a las actividades exportadoras ahí predominantes.

En la frontera norte, sólo Tamaulipas y Sonora registran un bajo crecimiento en los últimos años, si bien la problemática de los municipios fronterizos es muy compleja con dinámicas de comercio exterior, intensos pasos fronterizos, migración y grave criminalidad.

En las entidades del sur se proyecta construir un ferrocarril transísmico, proyecto planteado y abandonado en múltiples ocasiones; proyecto que en la actualidad debe considerar en primer lugar la dimensión y repercusión ecológica en la región, así como la participación de las comunidades de Oaxaca y Veracruz.

La realización de los proyectos de infraestructura y desarrollo regional exigirá una nueva planeación participativa y avances en la construcción de un desarrollo sustentable, señalé en otro trabajo.

El gran dilema es si se podrá superar la baja tasa de inversión. Con el neoliberalismo México abandonó la inversión pública, la cual cayó estrepitosamente desde 1982, y si bien creció a partir de la crisis de 2009, este crecimiento ha sido insuficiente. La inversión privada nacional también ha registrado un pobre desempeño, si bien se observa el crecimiento inaudito del sector inmobiliario en las más importantes ciudades del país, destacando el de la ciudad de México que ha violado, con frecuencia, disposiciones del ordenamiento territorial de la ciudad. La inversión extranjera directa es la que ha registrado un mayor dinamismo, sobre todo en los sectores exportadores, sin embargo, en gran parte se ha destinado a la compra de grandes empresas y grupos nacionales y está en función de sus propios intereses trasnacionales.

Otro gran problema, el financiamiento del desarrollo se enfrenta a dos graves problemas estructurales: la debilidad y fragilidad de las finanzas públicas y el peso del endeudamiento público. México es el país de la OCDE que tiene menor índice de fiscalidad en los ingresos públicos, mientras en los países desarrollados, pueden representar hasta el 40%, en México no pasan del 13%; recaudación impositiva que incluso es una de las más bajas de América Latina.

La deuda vuelve a pesar sobre las finanzas públicas y, si bien, se dice que su peso proporcional respecto a la economía nacional es menor y que es mejor el endeudamiento interno, que ha crecido exponencialmente en los últimos dos sexenios, su costo es altísimo e intocable.

Según la estadística histórica de México máxico , la deuda externa pública total garantizada superaba los 300 000 millones de dólares y la deuda externa del sector privado 130 664 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda reporta en su informe trimestral de finanzas públicas de marzo pasado, que la deuda interna alcanzó 6.9 billones de pesos, equivalentes a 343 379 millones de dólares.

Es necesario realizar una auditoría de la deuda pública, empezando por la deuda de las entidades de la federación en donde se ha demostrado fraudes y corrupción, casos, por ejemplo, de Coahuila que multiplicó cuatro veces su deuda entre 2000 y 2010; y Veracruz que la duplilcó. Y con ello, repudiar esa deuda.

En otra nota señalé que “Los desafíos económicos son estructurales, enormes y urgentes. Alcanzar una reconfiguración de la estructura productiva nacional que recupere la producción del y para el mercado interno, en medio del encadenamiento impuesto por el imperialismo, por el gran capital trasnacional, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy devenido en un desarreglado arreglo entre México, Estados Unidos y Canadá, que está por verse si es aprobado por las cámaras estadounidenses en los próximos meses, requiere de una gran fuerza política y social para enfrentar al neocolonialismo. Al mismo tiempo que la vuelta al sur, hacia Nuestra América en busca de alternativas de cooperación y desarrollo es inaplazable.”