Empleados Públicos Obligados a Publicar Cual es su Patrimonio

TIEMPO DE DECLARACIONES

*Tendrán que Presentar la Llamada “3 de 3”: Declaración Patrimonial, Fiscal y de Conflictos de Intereses.

*Sindicatos que se Caracterizan por Defender sus Derechos Fueron los Primeros Notificados.

Carlos Guillén Soriano,

Secretario de Prensa del Sindicato Unico de Trabajadores de la Indutria Nuclear (SUTIN),

Colaborador Voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

En tiempos electorales es muy común que todo mundo se pronuncie contra los grandes males que aquejan al país y ofrezca soluciones. Uno de estos temas es la corrupción y se habla de ella lo mismo para ofrecer que será erradicada –voto popular mediante- que para desprestigiar al contrincante.

Entre las medidas impulsadas para combatir este mal, hace tiempo se impulsó, acompañado de una amplia campaña informativa, un paquete de reformas que incluyeron modificaciones legislativas, nuevas leyes, creación de órganos anticorrupción y demás.

Será porque no ha pasado aun el tiempo suficiente, porque no se ha podido nombrar el fiscal anticorrupción o porque algo falte, pero lo cierto es que lo que ha aumentado notablemente es la lista de políticos y funcionarios de alto nivel, implicados en escandalosos casos de corrupción. En contraste, de tales casos, la lista de quienes han pisado la cárcel es aún muy reducida.

Sin embargo, continúan las acciones, aunque en otro nivel. En días recientes, los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, los del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y los de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, han sido notificados de que los cambios en diversas leyes los colocan ahora como servidores públicos obligados a presentar la llamada “3 de 3”, es decir, declaración patrimonial, declaración fiscal y declaración de posibles conflictos de intereses.

Todo aquello que sea para combatir la corrupción merece el aplauso y apoyo de la ciudadanía. No obstante, vale la pena detenerse un momento en las notificaciones realizadas a trabajadores de base, alejados por completo del manejo de recursos de sus instituciones o de capacidad para decidir sobre el buen o mal uso de los mismos. En realidad, los recursos públicos que llegan a las manos de los trabajadores, son sus salarios y los medios para realizar su trabajo, insuficientes en ambos casos la mayoría de las veces.

Llama la atención que si se trata de reformas destinadas a 1.6 millones de trabajadores en el ámbito federal, más 1.7 millones si se incluye el estatal, no haya una campaña informativa que explique los beneficios en el combate a la corrupción que se lograrán con que esta cantidad de trabajadores presente sus declaraciones, o cuál será el manejo y destino que se dará al enorme flujo de información resultante de esta obligación.

En una rápida encuesta entre sindicatos de trabajadores de educación, investigación e instituciones de cultura, la mayoría no ha recibido información reciente de estas medidas y los que en algún momento fueron notificados e incluso presionados para hacerlo, lograron dar marcha atrás a tales pretensiones. En la mayoría de las instituciones se aplican tales medidas para los funcionarios medios y superiores que son quienes en realidad, sí administran los recursos institucionales.

A quienes han sido convocados en días recientes, se les ha dicho que a partir del 19 de julio, todos los servidores públicos estarán obligados a presentar la llamada “3 de 3”, es decir, su declaración patrimonial, declaración fiscal y declaración de intereses. Se dijo que el fundamento está en el artículo 108 constitucional, y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que quien no lo haga, será acreedor a diversas sanciones . Se explicó que tales medidas son parte de la política instrumentada desde el gobierno federal para combatir la corrupción. El tono usado no deja lugar a dudas de la obligatoriedad de tales actividades.

En estos tiempos de declaraciones, en que todo mundo declara sus intenciones por combatir la corrupción o por hacer una diferencia en las prácticas gubernamentales, surgen algunas dudas.

¿Todos los trabajadores de instituciones públicas son servidores públicos? ¿Todos los servidores públicos tienen las mismas obligaciones? ¿Por qué no se está planteando esto en todas las dependencias de la administración pública?

Por ejemplo, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados solo se aplica a mandos medios y superiores. A los sindicalizados no les han pedido ni propuesto hacerla. En el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica estuvieron presionando en 2004. Al final, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas, sólo se aplica a los mandos medios y superiores, por la facultad de disponer y manejar recursos públicos. Se quiso aplicar a trabajadores de la caja y a los trabajadores de compras y se llegó al acuerdo de que las cotizaciones las autorizan los jefes de departamento y los trabajadores solo operaban estas cotizaciones, por lo que no tenían obligación de hacer esta declaración. Se justifica ante la Función Pública que por Ley Federal del Trabajo, los trabajadores de base no realizan ninguna función que implique el manejo de recursos.

En el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en 2005-2006 las autoridades quisieron imponer que se declarara pero los trabajadores se opusieron y sólo lo hacen los mandos medios. También en el Colegio de la Frontera Sur trataron de imponer algo así a los técnicos pero no lo lograron, mientras que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a los investigadores se les planteó el año pasado que debían hacerlo, pero se echó atrás y en el sector central de la Secretaría de Cultura, esa declaración la realizan solo mandos medios y directivos.

En el Fondo de Cultura Económica la declaración la presentan mandos medios y altos; sin embargo, desde hace 6 años a los cajeros de librerías, quienes son sindicalizados, se les obligó bajo el argumento de que manejan recursos públicos.

Este breve recuento pone en claro algunas cosas. A muy pocos sindicatos, al menos en el campo de instituciones educativas, de investigación y cultura, les ha sido notificado el cambio en las obligaciones a los trabajadores. Como hemos dicho, a diferencia de otros temas, no hay una campaña informativa en un asunto que puede involucrar a millones. El proceso legislativo no se ha cumplido, pues no hay designación aún por el Senado, del fiscal anticorrupción, como debieron haberlo hecho ya.

Por otro lado, la cantidad de información a recabar, requerirá tiempo de los trabajadores, lo que los distraerá de las funciones sustantivas que realizan, se requerirán ejércitos para verificar y sistematizar la información y eso es burocracia. Se puede decir que las modernas tecnologías evitarán esto último, pero hay experiencias de que la tecnología ha fallado. O tal vez quienes la controlan. Los casos de los registros de la telefonía celular y del registro de vehículos son memorables.

Surgen de manera casi inevitable dudas. ¿Por qué no se está informando ampliamente a los trabajadores? ¿La agenda electoral lo impide? ¿Cuál será el destino de la información que pretenden recabar? ¿Será el mismo que la que se recabó con el registro de los propietarios de líneas de telefonía celular hace algunos años o el del registro nacional de vehículos, que se entregó a un torturador argentino? La principal pregunta tal vez sea sin embargo ¿Esto abatirá la corrupción?