Año 4. No. 227. del 06 al 12 Marzo 2010.
México,D.F.
www.frecuencialaboral.com: Premio Comunicación Alternativa

 

Crece el Encono en Cananea

UTILIZAN “FUERZA MAYOR” PARA ELIMINAR SINDICATOS

*Autoridades Rechazan Solución Política al Conflicto Minero

*Javier Lozano Promoverá que se Liquiden los Mineros, Ofreciendo Más Dinero.

 

Por María de Lourdes Martínez González

La “causa de Fuerza Mayor” por supuesta destrucción, vandalismo, pillaje y deterioro de la mina de Cananea, que argumentó el gobierno federal para decretar la extinción de las relaciones laborales entre Minera México y el Sindicato, no pudo ser demostrada por el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.

El funcionario dijo que testificó todo eso, pero no presentó ni una sola resolución judicial que probara ese argumento, durante una reunión que sostuvieron el titular del Trabajo Lozano Alarcón y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con los integrantes de la comisión Especial Cananea del Congreso de la Unión, el pasado 03 de marzo del 2010. (Leer Noticia Relacionada: GOMEZ MONT ES JUEZ Y PARTE, ABOGADO DE GRUPO MÉXICO)

Ambos funcionarios rechazaron la petición de los senadores y diputados federales de todas las fracciones que conforman las comisiones para el caso minero, de encontrar una solución negociada al conflicto en Cananea –estado de Sonora- que tiene paralizado al pueblo. Pues de esa mina, que es la tercera productora de cobre en el mundo, depende la economía regional el empleo, negocios privados y el pago de servicios como luz, agua y servicios hospitalarios.

Muchos legisladores coincidieron en que la huelga de Cananea que cumplió 33 meses, se ha prolongado por el empecinamiento de Germán Larrea, dueño de la mina y el líder del sindicato nacional, Napoleón Gómez. Pero acusaron al secretario del Trabajo de operar a favor de la parte patronal, por lo cual los trabajadores y el pueblo están pagando las consecuencias. Y advirtieron que en Cananea se avecina un estallido social.

Los legisladores acusaron a Javier Lozano de decían fascista, prepotente, abusivo, que desconoce las leyes laborales y de dictarle a la Suprema Corte las resoluciones de los amparos.

Ningún argumento valió. Lozano Alarcón se negó a la solución política del conflicto. Ofreció que los trabajadores primero se liquiden y terminen con su contrato colectivo de trabajo. Incluso ofreció -igual que en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas- un monto mayor de indemnización para alentarlos a eliminar al sindicato minero. (Leer Noticia Relacionada: EL SECRETARIO DEL TRABAJO ES FASCISTA Y PATRONAL)

En tanto que Gómez Mont –cuyo despacho de abogados está contratado por Germán Larrea, dueño de la mina- fue más conciliador, pero dijo que no se podía anteponer la política al estado de derecho, aunque buscaría una espacio político.

Por lo cual el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, les advirtió:

“Me parece que ustedes se escudan en el estado de derecho para cometer todas sus tropelías… ¿qué juez concretamente qué juez los declaró (a los trabajadores) culpables de robo y de vandalismo?.. usted, señor Secretario, nos quiere ver la cara de tontos… Pero además también al Secretario de Gobernación le reitero que es una decisión fascista, por supuesto que es una decisión fascista. Desde la perspectiva de que ustedes son “achichincles” de una oligarquía que se apoderó del país, y que tiene al país sumido en la desgracia”.

El secretario del Trabajo no tenía pruebas ni pudo decir cuál es su definición de causa de “Fuerza Mayor”, como le solicitaron los legisladores, sin embargo explicó que el artículo 434, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, que es el que habla de la causa de fuerza mayor como un motivo para la terminación de las relaciones laborales.

Sin embargo, dejó en claro que para él la causa de “fuerza mayor” es la emisión de decretos gubernamentales que desaparezcan dependencias públicas o digan que ya no existe el sindicato,

Detalló que en el caso de Cananea la causa de “Fuerza Mayor” es el dictamen de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, que concluye: que las condiciones de la mina hace imposible continuar con obras y trabajos, que se emitió el 20 de marzo del 2009.

Y se le salió decir que este mismo argumento de causa de fuerza mayor fue utilizado para desaparecer a Luz y Fuerza del Centro. Pero que en este caso es el decreto de extinción del 11 de octubre del 2009.

Ambas son resoluciones administrativas y en el caso de Luz y Fuerza del Centro se trata de un decreto inconstitucional.

Por lo cual el presidente de la Comisión Especial de Cananea, el senador Arturo Núñez del PRD advirtió que ese argumento de causa de “Fuerza Mayor” se empleará por el gobierno federal para eliminar a cualquier sindicato incómodo, por lo que convocó a los legisladores a ponerle un alto, presentando una iniciativa para reformar ese artículo 434, fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

"Creo que en el tema del conflicto colectivo de naturaleza jurídica por causa de fuerza mayor, hay una agenda pendiente para nosotros los legisladores. Si se está convirtiendo en un artilugio para conculcar el derecho de huelga, parémoslo de inmediato, presentemos una iniciativa", para eliminar la posibilidad de que se utilice en contra de los trabajadores arbitrariamente.

Cabe recordar que en contra de la resolución de la dirección de minas para acabar con las relaciones laborales en la mina de Cananea, emitida el 20 de marzo del 2009, el Sindicato Minero, promovió amparo directo. Pero en sesión de fecha 11 de febrero de este mismo año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resolvió negar el amparo al Sindicato Minero. Está pendiente la revisión del amparo.

Sin embargo, sobre esto el secretario del Trabajo se atrevió a vaticinar que se trataba de un caso juzgado y que ya no habría modificación, lo cual molestó a los legisladores quienes le preguntaron si tenía información privilegiada o si era verdad que él influía en las decisiones de los jueces, pues ¿cómo podría saber el resultado del litigio? ¿acaso estaba confirmando lo que ya se dice, que el poder judicial está actuando de acuerdo a sus dictados?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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